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AFP
La justicia denegó este viernes el permiso al independentista preso Jordi Sánchez para acudir al Parlamento catalán para ser escogido presidente, instalando de nuevo en el bloqueo a esta región española mientras su expresidente Carles Puigdemont no descartaba unas nuevas elecciones.

El lunes, los diputados catalanes estaban convocados para debatir la investidura de Jordi Sánchez, designado por Puigdemont como su sucesor, pero su celebración es muy improbable ante la decisión tomada por el Tribunal Supremo.

En un escrito recibido por la AFP, el juez Pablo Llarena, que instruye la causa abierta por rebelión, sedición y malversación contra el núcleo separatista catalán, deniega la libertad a Sánchez invocando el "riesgo concreto de reiteración delictiva".

Como expresidente de la influyente asociación independentista ANC, Jordi Sánchez, de 53 años, está en prisión preventiva cerca de Madrid por presunta sedición al convocar una manifestación en septiembre frente a un registro de la Guardia Civil en dependencias del gobierno catalán.

De momento, el presidente del Parlamento catalán, el independentista Roger Torrent, mantiene la convocatoria del debate y, según su portavoz, estudia recorrer la medida ante el Tribunal de Europeo de los Derechos Humanos.

¿Repetición electoral?

La intervención judicial ya frenó en enero la investidura de Carles Puigdemont, el expresidente regional instalado en Bélgica y cesado por el gobierno español tras la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.

Entonces, el Tribunal Constitucional dictó que sólo podía ser escogido si previamente se entregaba ante el juez Llarena que lo persigue por rebelión y sedición.

Finalmente Puigdemont renunció pero cedió el testigo a un compañero encarcelado para mantener la tensión con el gobierno español, que controla esta región desde octubre. Si el bloqueo persiste, existe el riesgo de repetición electoral.

"No es una tragedia que haya unas nuevas elecciones", dijo Puigdemont en una entrevista al diario nacionalista catalán El Punt Avui.

"Si vamos a las elecciones será por la enorme irresponsabilidad del Estado, porque no ha aceptado los resultados del 21 de diciembre", cuando los independentistas obtuvieron la mayoría absoluta en la cámara catalana, aseguró Puigdemont.

"Como no les ha gustado el resultado, no quieren que el Parlamento escoja a su presidente (...) Fuerzan las cosas de tal modo que a lo mejor se deberán repetir elecciones", advirtió el expresidente, cuyo entorno confía en mejorar su resultado si vuelven a las urnas.

El gobierno español de Mariano Rajoy, que no devolverá la autonomía regional hasta que no se forme gobierno, les reclama designar un candidato sin problemas judiciales.

"Una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer las funciones que exige el ser presidente de Cataluña", señaló el portavoz del ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo.

Un programa rupturista 

Sánchez es uno de los cuatro independentistas todavía encarcelados por su papel en el intento de secesión del mes de octubre. Amnistía Internacional reclamó en varias ocasiones su liberación, denunciando que la prisión preventiva es "desproporcionada".

Sin embargo, el juez Llarena denegó todas las solicitudes de libertad de sus abogados alegando el riesgo de reiteración delictiva.

Sus tesis pueden verse reforzadas por el programa de gobierno pactado entre los dos grandes partidos independentistas, Juntos por Cataluña de Puigdemont e Izquierda Republicana, para seducir a la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular, la facción más radical.

En él, se comprometen a implementar la república catalana proclamada sin efecto en octubre y a preparar un boceto de su futura constitución que debería ser aprobado en un referéndum.

Esta votación difícilmente encajaría en el marco legal español y podría llevar a un conflicto similar al del referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, marcado por fuertes cargas policiales.

Además, proponen crear una estructura de gobierno paralela en Bélgica llamada "Espacio libre en el exilio", con Puigdemont de presidente, consejeros de gobierno y una asamblea de diputados.

Este bloqueo está pasando factura al separatismo. Según un sondeo del instituto demoscópico público en febrero, el apoyo a la independencia cayó al 40,8% de la sociedad contra un 53,8% en contra, el resultado más bajo desde que este órgano empezó a formular esta pregunta en diciembre de 2014.

El domingo podrán medir sus fuerzas en las calles de Barcelona, donde está prevista una manifestación de la asociación ANC bajo el lema "República ya".