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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciará en un plazo de cinco meses, aproximadamente, sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó la repostulación consecutiva del presidente Evo Morales.

“Si bien no hay un plazo exacto de límite, pero nosotros hemos argumentado con el caso del exalcalde Gustavo Petro de la ciudad de Bogotá a quien se le ha concedido medidas cautelares en un plazo de cinco meses una resolución, estamos pidiendo que en nuestro caso se aplique una medida similar”, explicó el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz.

El pasado 19 de febrero, el partido opositor presentó una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, para evitar que cualquier órgano del Estado boliviano pueda tomar alguna medida o registrar alguna candidatura que implique el desconocimiento de la Constitución y de la decisión tomada en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La solicitud fue dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH; fue formado por el presidente nacional del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, y en la misma se pide que se suspenda la ejecución de la Sentencia Constitucional 0084/2017.

Esta no es la única denuncia que se remitió a esta instancia internacional, cinco expresidentes y líderes políticos de oposición también presentaron una denuncia ante la CIDH, en octubre de 2017, en contra del Gobierno, varios legisladores del oficialismo y del TCP, por la violación del Pacto de San José.

Por ultimo, Ortiz explicó que los miembros de la CIDH, organizaciones internacionales y expertos juristas, están evaluando la situación del fallo del TCP, donde se observaron dos puntos que hacen que este tema sea tratado con urgencia.

El primero es la existencia de un referéndum constitucional en Bolivia, donde se establece la voluntad popular, esto marca un hecho trascendental para la comunidad internacional puesto que ratifica la vigencia de la Constitución Política del Estado y el límite del mandato.

El segundo factor es que los gobernantes del país están optando por acciones similares a las de Venezuela, el cual no es compartido por los Estados vecinos, donde se evidenció la ruptura de la democracia institucional y el sometimiento de los tribunales del Órgano Judicial ante el poder.

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