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La elaboración de la Ley 1005 Código del Sistema Penal, abrogada en su totalidad el pasado 25 de enero tras un la movilización de varios sectores, costó 879.389 bolivianos, de los que 143 mil corrieron por parte del Tesoro General de la Nación (TGN) y el resto fue financiado por la Unión Europea, con 707.064 bolivianos y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) con 29.325 bolivianos, informó ayer el senador opositor Óscar Ortiz (UD).


El legislador explicó que todos los contratos para la elaboración de este documento fueron directamente suscritos por la Vicepresidencia del Estado, y criticó que estas contrataciones se realizaron por invitación directa, siendo lo aconsejable que se realice convocatorias para que los mejores profesionales en Derecho Penal del país participen. Asimismo, explicó que las contrataciones fueron por montos menores a Bs 50 mil; los contratos son todos por 20 días y por informes sobre puntos específicos del Código y sólo hay uno con una propuesta de redacción. Esta información fue obtenida tras una petición de informe enviada a la directiva del Senado.

El legislador explicó que la mayor parte, 586 mil, fueron para la contratación de expertos y 292 mil para eventos relacionados al Código. Detalló que 379 mil bolivianos fueron destinados a consultores extranjeros, y ejemplificó con el argentino Binder al que se le pagó alrededor de 156 mil bolivianos por todos sus productos. “Se decía que era un código trabajado en tres años, pero fue desde 2016 prácticamente”, dijo.

“La observación es que no saben quién dirige, no hay un proceso transparente y público para que se contrate a los mejores profesionales, todo se lo hizo a dedo, dirigido desde la vicepresidencia. Tenemos que revisar cómo se elaboran las leyes”, sostuvo.

Según el detalle que dio Ortiz, los 11 expertos contratados por el Estado fueron: los bolivianos Víctor Caba, Mónica Céspedes, Reynaldo Imaña, Cristina Montgomery y Juan Carlos Choque; además de los extranjeros Alberto Binder (Argentina), Fernando Ávila (Ecuador), Jorge Paladines (Ecuador), Jorp Stippel (Alemania), Gonzalo Rúa (Argentina) y Agustín Carrara (Argentina).

“GRINGO” DIJO QUE NO SE GASTÓ UN PESO

El 25 de enero pasado, un día después de la abrogación del Código Penal, Alberto Gonzales, presidente del Senado, aseguró que no se gastó dinero en la elaboración de la norma.

“Ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores han gastado ni un solo centavo para la elaboración del Código del Sistema Penal, lo que se ha hecho es echar mano de funcionarios de ambas cámaras que han sido los autores o coautores del Código”, indicó Gonzales en aquella ocasión.

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