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Los efectivos quedarán libres de responsabilidad penal por la represión a contrabandistas con armas de fuego y explosivos, según el presidente Evo Morales.

Evo ofrece armas y fuero a uniformados contra el contrabando

Los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Boliviana tendrán fuero y no podrán ser procesados por la represión al contrabando y estarán autorizados para usar  armas de fuego, explosivos y otros equipos,   según establece un  proyecto de ley que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

“Las FFAA y la Policía están facultadas al uso de equipamiento, armas de fuego,  explosivos, municiones y otros materiales que sean proporcionales al riesgo de operativos contra la lucha del contrabando. Antes no podían usar   armas en la misma proporción”, afirmó ayer el presidente Evo Morales, tras el asesinato de dos militares en la localidad de Huachacalla, a 145 kilómetros de la ciudad de  Oruro.

En la propuesta de norma se  establece que los funcionarios de las FFAA y la Policía estarán  exentos de responsabilidad penal  si proceden a la destrucción e inutilización de los bienes incautados en operativos de contrabando,  en el caso de que esté en riesgo su vida o integridad física. “Actualmente, lamento mucho, hay algunos militares detenidos por luchar contra el contrabando, eso  ya no habrá ahora”, dijo. 

 Explicó que también tendrán la facultad de  arrestar a  las personas que sean interceptadas cometiendo el delito  en flagrancia, para luego entregarlas a las autoridades competentes. Hoy entre las funciones de los militares no está la aprehensión.

Demandó la  detención de quienes atacaron a los militares el domingo y calificó de imperdonable su asesinato.
    
“Lamentamos y condenamos lo que sucedió   el domingo con los  militares (..) esperamos que Inteligencia de las FFAA y la Policía detecten a los que  están detrás de esto. Hemos instruido que se detenga a quienes acribillaron. Esto ya no es un disparo sino rematar, es imperdonable y pedí que se haga un proyecto de ley”, anunció el mandatario.

Exigió que la Asamblea apruebe  inmediatamente la propuesta de ley  con el objetivo de  frenar el contrabando.

El hecho y la creación

El domingo al mediodía se conoció sobre la muerte de dos  militares, quienes fueron asesinados con disparos en la frente luego de  ser emboscados por contrabandistas.

Los dos sargentos  de  la Unidad de Control Aduanero (UCA) formaban parte de la caravana que trasladaba a una  unidad militar  cinco vehículos indocumentados. Sin embargo, por fallas mecánicas se quedaron atrás y fueron interceptados y asesinados.

En septiembre de 2016,  la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, informó sobre la  creación de la UCA, conformada por la Policía y FFAA, además de funcionarios de la entidad en reemplazo  del Control Operativo Aduanero (COA).

Su tarea principal es la lucha frontal contra el contrabando, además de  ejecutar sistemas de inspección, resguardo, vigilancia y control aduanero de mercancías que circulen por el país, señala   la página web la Aduana.

Paralelamente, en octubre de 2017 la Policía Boliviana creó  la  Dirección Nacional de Fronteras (Dinafron), una unidad especial que controla las fronteras.

 La misma   reemplaza parcialmente a la Policía Rural y Fronteriza. La Dinafron tiene actualmente 350 efectivos distribuidos en al menos cuatro puntos de control: Pisiga, Tambo Quemado, Hito Cajones y San Pablo de Lípez. 

Industriales piden convocar a Consejo Nacional

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, solicitó ayer al Ministerio de Economía convocar al Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando con el fin de frenar el delito,  erradicar  la inseguridad social y el crimen organizado que genera esta  actividad ilícita.

La solicitud se realizó tras el asesinato de  dos personeros de la Unidad de Control Aduanero (UCA).

Villegas demandó  intensificar la lucha contra el contrabando,  uno de los principales problemas que experimenta la industria nacional y que se constituye en un grave riesgo para la seguridad, la economía del país y las empresas legalmente establecidas.

“Es necesario concertar y coordinar entre las instituciones del Estado y las entidades  del sector privado, relacionadas con el comercio exterior, políticas públicas tendientes a la lucha contra el contrabando”, afirmó, según una nota de prensa.

El 13 de agosto de 2004, mediante el Decreto Supremo  27669, se creó el Consejo conformado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Económico, presidente  de la Aduana, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales,  presidentes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de la Cámara Nacional de Comercio, de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana y de  la CNI.

Punto de vista
Antonio rocha  Despachante  de Santa Cruz

“Hay  una situación de guerra”

La preocupación del Presidente y la determinación que tomó da cuenta que hay una situación de guerra contra una actividad ilícita. Es una situación extrema;  por lo tanto, amerita acciones contundentes como las que se están anunciando, como ocurre  con la lucha contra el narcotráfico.

Está demostrado que el contrabando no es una acción de comerciantes que ingresan mercancías para su sustento, sino que estamos frente a una banda criminal financiada y armada, que tiene una actividad   lucrativa y que se diseminó por las fronteras con Chile.

Creo que las acciones son importantes;  sin embargo,  hay que precautelar  los derechos humanos,  se ve una situación de guerra que permite tomar estas medidas, pero se debe tener cuidado con la gente que se enviará a esos lugares.

Este tema se lo tiene que confrontar con la mayor fuerza posible en su génesis. Creo que gran parte del contrabando se origina  en  los puertos del norte de Chile, tanto en Iquique como en Arica.

Ahí se debe hacer el control conjunto con las autoridades a la mercadería que entra o sale hacia  Bolivia,  como la  ropa usada,  porque ni en Chile  ni en Perú  permiten su venta.

Se deben efectuar también controles electrónicos en las fronteras, ya que  por su amplio perímetro permea el contrabando, principalmente de vehículos. El otro problema  son los centros de venta, ahí los municipios deben controlar  los comercios y así no habría compradores.

Fuente/Página Siete

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