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El Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado, cuestionó y calificó de “arbitrario e ilegal” el reciente beneficio de detención domiciliaria otorgado por la Justicia a Zvonko Matkovic Ribera, quien es acusado y procesado por el caso Terrorismo.

Además, alertó de la existencia de riesgo procesal y denunció que para ese trámite el acusado usó documentos extemporáneos como certificados médicos que datan de hace un año.

“Tendré que estar detenido 24 horas en mi casa, a ver cómo adecuo el tema del tratamiento médico por el cual se me envió a mi casa, pero eso es lo de menos frente a poder estar al lado de mi familia, es lo que vale en este momento”, explicó el miércoles 28 de febrero el procesado tras el dictamen de un juzgado de La Paz.

Había pasado casi ocho años en prisión tras que el 19 de marzo de 2010 fuera enviado a la cárcel. El Gobierno había demostrado entonces, según la nota de prensa, que Matkovic “es, con probabilidad, autor o partícipe” del caso que fue destapado en abril de 2009 cuando el operativo de un grupo policial de élite en el hotel Las Américas de Santa Cruz dejó un saldo de tres de los cinco miembros del supuesto grupo irregular muertos, entre ellos Eduardo Rózsa.

En el comunicado, el Gobierno también reivindicó el “peligro de obstaculización” de la investigación al evidenciarse conversaciones -sostiene- con dos prófugos de la justicia en ese caso.

El abogado de Matkovic, Álvaro Melgarejo indicó que la solicitud de libertad planteada en diciembre de 2017 se fundamentó en que Matkovic sufre problemas de salud, entre ellos una hernia de disco, y que aún tiene pendiente una operación en la rodilla, según publicó el portal digital de Erbol.

Para el Gobierno, el fundamento del fallo que concedió ese beneficio es “arbitrario e ilegal porque “correspondía al Tribunal de apelación ‘anular la resolución’ y devolverla al Tribunal que emitió” la detención preventiva “para un nuevo pronunciamiento”.

El juzgado “no podía ni debía haber valorado una documentación que no era atinente a desvirtuar los Riesgos Procesales” (Sic), aseguró el Gobierno y denunció el uso de certificados médicos que datan de una año anterior.

Además rechazó las “acusaciones” de los procesados de una supuesta “persecución política”.

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