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AFP  / Buenos Aires
El exjerarca militar Reynaldo Bignone, último presidente de facto de Argentina, murió ayer a los 90 años internado en un hospital militar y bajo arresto por los crímenes cometidos durante la dictadura. 

Bignone encabezó la última Junta Militar entre 1982 y 1983 y era el único presidente de facto de la dictadura (1976-1983) que aún permanecía con vida. 

En el ocaso de la dictadura, abrió el proceso que permitió a Argentina el regreso a la vida democrática con la victoria de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales de octubre de 1983. 

Había sido condenado a prisión perpetua por asesinato, torturas, privación ilegítima de la libertad y robo de bebés, entre otros crímenes de la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, según organismos defensores de los derechos humanos. 

El exrepresor había sido sentenciado junto al exjerarca militar Jorge Rafael Videla, ya fallecido, por robo de bebés de mujeres desaparecidas. En 2016  recibió una condena a 20 años de prisión por desaparición forzada de un centenar de personas en el marco del denominado Plan Cóndor de coordinación represiva entre los países del Cono Sur. 

Su último proceso lo enfrentó el año pasado cuando sumó otra condena a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar que estaba a su cargo, donde muchas de las víctimas eran soldados que cumplían el servicio militar, por entonces obligatorio. 

Murió en el Hospital Militar de Buenos Aires bajo arresto, al igual que el exjerarca de la dictadura Luciano Benjamín Menéndez, fallecido la semana pasada también a los 90 años. 

Fue hospitalizado por una fractura de cadera y estaba prevista su intervención quirúrgica ayer pero falleció antes de ser operado debido a una insuficiencia cardíaca. 

“Espero ser el último presidente de facto”, dijo poco antes de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín. Bignone había evitado ser juzgado en el histórico proceso contra las Juntas Militares en 1985, pero la derogación de leyes de perdón en 2003 habilitó numerosos juicios en su contra. 

Antes de llamar a las elecciones generales que abrieron el proceso democrático, dictó una amnistía por los crímenes de la dictadura que luego fue derogada por el Gobierno de Alfonsín. Además, ordenó por decreto la destrucción de la documentación existente sobre la represión. 

Llegó a presidir la Junta Militar tras el desplazamiento de Leopoldo Galtieri luego de la derrota militar en la guerra con el Reino Unido por las Islas Malvinas (1982). Durante su gobierno de facto impulsó un acta por la cual se declaraba muertos a los desaparecidos y refería como “actos de servicio” los crímenes cometidos por la dictadura.