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Los abogados del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín presentaron un recurso para anular el veredicto del jurado de la Corte de Florida en Estados Unidos (EEUU) que los declara “responsables” por la masacre de   2003. Esta resolución los obliga a pagar la suma de   10 millones  de dólares a los familiares de las víctimas.

Los abogados  señalaron que “no existe evidencia de un plan para matar civiles” en las protestas de “octubre negro” según el reporte de El Deber. 

Uno de los argumentos a los que recurren es que ni el Plan República ni el Manual de Uso de Fuerza demuestran la intención de disparar contra civiles. Ambos documentos fueron elementos decisivos para que el jurado civil, compuesto por 10 ciudadanos estadounidenses, declare responsables al expresidente y al exministro de Defensa, por la muerte de ocho ciudadanos, agregó el medio cruceño.

La defensa de las exautoridades afirma que no existe evidencia de que los demandados “hayan visto o sabido acerca de estos documentos, y mucho menos hayan emitido órdenes relacionadas con ellos”, detalló el matutino.

Los abogados, Stephen D. Raber, Ana C. Reyes y Williams Connolly, explicaron la anterior semana que el fallo emitido el 3 de abril no es la decisión final del tribunal y que  la Corte instruyó a los defensores y las víctimas que no  declaren victoria porque el proceso aún no tiene una decisión final.

“El veredicto que el jurado ha emitido el 3 de abril no es la decisión final del tribunal. 

El caso continúa y la Corte específicamente ya había advertido a los demandantes y a sus abogados que no proclamen victoria en base al veredicto del jurado debido a que el mismo no es la decisión final”, expresaron a nombre de las exautoridades.

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