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La concejala Juana Quispe, asesinada en 2012. Foto: La Razón-Archivo.
Las mujeres concejalas, principalmente en el área rural y que sufren acoso y violencia política son obligadas a renunciar por sus colegas suplentes y así quedarse con sus cargos, denunció la vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de La Paz, Florencia Laruta.

Insultos, maltratos psicológicos o incluso agresiones físicas es lo que viven las mujeres que viven impedidas de ejercer sus funciones. Hasta el momento se tiene un total de más de 28 denuncias solo en La Paz durante los tres primeros meses del año.

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“Las hermanas no renuncian voluntariamente, han sido hostigadas, obligadas en sus comunidades por sus suplentes porque la mayoría de las mujeres titulares electas, sus suplementes son varones; entonces, esos hermanos están obligando a las mujeres”, desveló.

Tras que en mayo de 2012 haya entrado en vigencia la ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres, la situación no ha cambiado para la Asociación de Concejalas de La Paz ya que aún persisten los casos de este tipo en diferentes regiones del país.

“Si bien existe una normativa si es que citan las leyes, pero qué es lo que nos falta, socializar la normativa, nosotros mismos no conocemos la normativa, entonces cómo pueden conocer en las provincias”, cuestionó Laruta.

Desde que entró en vigencia la ley, hasta el momento, incluso no se tiene una sola sentencia por acoso y violencia política.

La carencia de la formación para que presentar una denuncia, el temor a represalias y la falta de apoyo de sus colegas, son algunos factores que motivan a que los casos que se registran no salgan a la luz pública o no avancen las investigaciones en el Ministerio Público.

Uno de los emblemáticos casos que se registró en 2012 fue el de la concejala Juana Quispe del municipio de Ancoraimes. Ella murió el 13 de marzo de 2012 y hasta el momento no se tiene a los responsables en la cárcel.

El exalcalde Félix Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y los concejales Pastor Cutili, entonces presidente del legislativo edil; Basilia Ramos, vicepresidenta, y Exalta Arismendi fueron los principales sospechosos, sin embargo, fueron sobreseídos en 2016 bajo el argumento de que no había pruebas suficientes que los impliquen en la muerte.

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