El independentismo hundió la inversión pública en Cataluña un 18% en dos años

El desafío independentista de Cataluña no solo ha zarandeado a la economía productiva de esta región sino que ha hundido también la inversión pública de la propia Generalitat. Obsesionado con el golpe secesionista, el Gobierno de Puigdemont -en sociedad con la Esquerra de Oriol Junqueras- redujo hasta lo insignificante el esfuerzo inversor en infraestructuras y equipamientos. En dos años, la Generalitat recortó la inversión pública un 18%, mientras alimentaba con generosidad partidas de gasto vinculadas a la deriva secesionista.

Puigdemont tomó las riendas de la Generalitat en enero de 2016 y fue apartado del cargo el 28 de octubre de 2017, cuando el Estado intervino la Administración catalana y destituyó en bloque al «Govern» declarado en rebeldía contra el Estado.

En ese bienio, 2016-2017, la Generalitat relegó sus inversiones, hasta el punto de que el año pasado supusieron tan solo el 3,2% de todo el dinero que gastó el Gobierno catalán: de 31.198 millones de euros, solo 1.001 millones fueron para inversiones. Y, de ellos, menos de la mitad los invirtió directamente el «Govern», porque el grueso -514 millones- fueron gestionados a través del entramado de empresas públicas, entes y organismos diversos que componen la administración paralela de la Generalitat.

En 2016, primer año de Puigdemont al frente del «Govern», la inversión pública ejecutada por la Generalitat sufrió un tijeretazo del 12,9%, se dedicaron 157,7 millones menos de los que se habían destinado a obras de infraestructuras y equipamientos autonómicos en 2015.


En 2017, con la deriva secesionista a pleno rendimiento, Puigdemont enterró aún más la inversión pública y la recortó en otro 6,3% respecto a las menguadas cifras de 2016. El resultado fue que, el año pasado, la Generalitat ejecutó inversiones por un valor total de 1.001,5 millones de euros. Es decir, 225 millones menos que dos años antes.

De esos 1.001,5 millones invertidos por el «Govern» en infraestructuras y equipamientos públicos durante 2017, apenas 488 millones fueron gestionados directamente por el Ejecutivo autonómico, y el resto -unos 514 millones- a través de los entes de su voluminoso sector público.

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