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El Estrecho El Bala se encuentra entre los departamentos de La Paz y Beni.
La Paz, 27 de abril (ANF).- El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (UNPFII) expresó su preocupación por la ausencia de procesos de consulta a los pueblos indígenas en Bolivia sobre el futuro de sus territorios que, según esta instancia, se verán impactados con los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas.

“Los pueblos indígenas que se verán impactados por los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete y Rositas, incluyendo a: los guaraníes, mosetenes, tacanas, tchimanes, lecos, ese ejjas y uchupiamonas”, señala el punto 9 del capítulo I del informe de la 17° sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, cuyo tema fue “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos”, desarrollado del 16 al 27 de abril en la sede de las NNUU, en Nueva York.

Asimismo, el UNPFII “insta al gobierno de Bolivia a respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, para que éstos ejerzan “sus derechos de acuerdo con los estándares internacionales sobre derechos humanos”.

El pasado 18 de abril, la líder indígena Ruth Alipaz llegó hasta el UNPFII para denunciar en el plenario que al menos 5.000 indígenas pertenecientes a cinco naciones corren el riesgo de perder sus territorios debido a la construcción de las megarepresas: El Bala-Chepete, en el norte de La Paz, y Rosita en Santa Cruz, impulsados por el Gobierno.

Según Alipaz, perteneciente al pueblo uchupiamona, un total de 51 comunidades y sus territorios se ven amenazadas por los cuestionados proyectos hidroeléctricos que provocarían inundaciones de gran magnitud. En el caso de la megarepresa de El Bala-Chepete generaría una inundación de al menos 771 kilómetros cuadrados afectando la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y el Parque Nacional Madidi.

En cuanto a la megarepresa Rositas, esta afectaría al pueblo guaraní de Santa Cruz, puesto que se retendría las aguas del río Grande inundando al menos 450 kilómetros cuadrados en desmedro de tres áreas protegidas y comunidades indígenas.

“Hemos llevado la evidencia de que las cosas no están bien en Bolivia y esto ratifica creo yo el criterio del Foro Permanente, el cual ha evidenciado y ha constatado que hay razones para preocuparse porque en Bolivia los derechos indígenas están siendo violados y violentados”, manifestó Alipaz a ANF tras conocer el informe.

Durante su intervención en el UNPFII, Alipaz también expuso que el Estado boliviano violaba el derecho que tienen los pueblos indígenas respecto a la consulta previa, libre e informada, el cual está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política de Bolivia.

“El Gobierno sabe como sostener la violación de los derechos indígenas como es la famosa consulta previa para llevar adelante acciones legislativas”, agregó.

Tal cuestión también es observada en el informe del UNPFII en el que “se llama a los Estados Miembros a establecer mecanismos y procesos para lograr diálogos comprensivos y consultas con los pueblos indígenas”, esto con el objetivo de “obtener su consentimiento previo, libre e informado, en relación a proyectos susceptibles de afectar sus territorios y recursos”.

Para Alipaz, lo que ahora corresponde es que el informe llegue al Gobierno y “se detenga para ni seguir invirtiendo más recursos en estos proyectos”, ya que estos no tendrían consentimiento de los pueblos indígenas, pese a que las autoridades digan lo contrario.

“Ellos no tienen autorizaciones, no tienen nuestro consentimiento. Por tanto sería recomendable que el Gobierno reflexione y ahora con más razón porque que hay ese criterio a nivel del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas”, aseguró.
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