Implican a altas autoridades en red de corrupción en San Pedro

Altas autoridades de Régimen Penitenciario y jefes de la Policía fueron implicados en una supuesta red de corrupción que se articuló en el penal de San Pedro. A través de varias denuncias que llegaron a este medio se indicó que estos funcionarios tienen conocimiento de las irregularidades e incluso se benefician de éstas.


En San Pedro, como en la mayoría de las cárceles del país, el control interno está en manos de los reclusos  mediante sus delegados. Ellos  realizan cobros a los nuevos prisioneros, vigilan el alquiler de celdas y reciben comisiones por la venta de estos ambientes. 

Según ellos, el dinero debe invertirse en beneficio de los privados de libertad, ya que el Gobierno hace muy poco por mantener las cárceles.  

Pero parte de estos recursos se desvían -según las denuncias- para  beneficios personales de los delegados, de  algunos policías y de funcionarios de Régimen Penitenciario. 

De acuerdo a la última denuncia (de  varias) que llegó a este medio los miembros del Consejo de Delegados, presidido por Víctor Hugo Mendoza, son “los dueños” de la cárcel en la que se enriquecen. “Mendoza, al igual que Límber Pórcel (delegado de la sección Pinos), tiene una ganancia mensual aproximada de 100 mil bolivianos por las extorsiones”. Las extorsiones se hacen a los nuevos reclusos, quienes deben pagar un derecho de piso según el delito cometido. 

En la lista de cómplices de este negociado figuran nombres como el del director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López; la directora departamental de Régimen, Delia Illanes; y el director del penal de San Pedro, Nelson Mora.

A este último se lo acusa de encubrir “todas las denuncias de diferentes internos y de sus familias. Hace aislamientos ilegales a solicitud de los delegados”.

Contra  López e Illanes se indicó que ambos “tienen conocimiento de todo lo que pasa dentro del penal de San Pedro (...). Se hacen de la vista gorda, pero saben todo”.

De acuerdo a otra fuente (también anónima por temor a las represalias) “todos están involucrados”. “Si vas a entrar a la sección Pinos pagas 5.000 bolivianos; 300 dólares es para comisión; 100 para Régimen Penitenciario y 200 para el director del penal”.

“Pero esto no se queda ahí, mensualmente se destinan ‘tocos’ (sobornos) para la dirección nacional, López recibe miles de bolivianos, lo propio el comandante nacional de Seguridad Penitenciaria. El dinero sale de las actividades propias del penal  que genera recursos”, añadió esta persona. 

Además de los cobros antes mencionados, los delegados supuestamente tienen acuerdos con los proveedores de víveres para el penal, con supuestos sobreprecios  y sobornos de miles de bolivianos de por medio.  

La procuradora del Consejo de Delegados de San Pedro, Yazmila Sánchez, indicó en una anterior entrevista que los representantes de la prisión no se comunicarían con la prensa. Sin embargo, reiteró que no se realizan cobros ilegales, sino aportes voluntarios para el mantenimiento y otros gastos, ante la ausencia del Estado. 

Funcionarios dicen que no sabían de los cobros

Las autoridades señaladas como cómplices en la red de corrupción del penal de  San Pedro aseguraron que durante el tiempo que llevan en sus cargos no se enteraron de manera formal de los cobros irregulares que realizan en esta prisión. Pero sí tomaron algunas precauciones como mandar circulares en las que se advierte que esto es ilegal. 

“Acá no llegó ninguna denuncia formal. Si así fuera tenemos la obligación de hacer conocer al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones. De todas maneras se comunicó mediante instructivos (dentro del penal) que se debe hacer cumplir la ley”, explicó la directora departamental de Régimen Penitenciario, Delia Illanes. 

“Estoy desde fines de 2015, ahora que empecé a recorrer (la prisión) dicen que hay aportes voluntarios, eso da qué pensar, por eso se tomarán las acciones que correspondan”, añadió Illanes.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, señaló por otro lado que “en la dirección departamental debe haber alguna denuncia, si es que hubiese, habría que ver. Si tú conoces es importante que nos hagas llegar”. 

Cuando se le consultó por qué no se hizo nada durante los años que lleva en su cargo indicó que “Régimen Penitenciario no es una unidad investigativa (...) Se hizo los instructivos para advertir que estos cobros están prohibidos”.

El director de San Pedro, Nelson Mora, se excusó de conversar con este medio debido a que pese a sus solicitudes -señaló- aún sus superiores no le autorizaron que brinde una declaración a la prensa.

Illanes señaló que nunca se encontró un documento que pruebe los cobros irregulares por parte de los delegados. Sin embargo, éstos abundan en sus propias oficinas y existen denuncias escritas de esto al menos desde 2014.

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