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La Fiscalía General de Schleswig-Holstein tramitará la extradición de Puigdemont al tiempo que le mantiene en prisión “por riesgo de fuga”. El ministerio público del land donde fue detenido el expresident ha pedido este lunes a la Audiencia Territorial -el órgano superior que decidirá sobre la extradición en última instancia- tramitar la extradición del president cesado por “alta traición” y “malversación de fondos públicos”.


El trámite que ha arrancado este martes en la justicia alemana es el mismo que en su día tuvo lugar en Bélgica y cuya decisión debía conocerse a una semana de las elecciones del 21-D. Pero la euroorden cursada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que fue anulada al llegar la causa del procés a un tribunal de instancia superior por el temor a que la justicia belga no admitiera la rebelión o la sedición.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha manifestado en El Món a RAC1 que esperaban que fuera así y ha confiado en que el tribunal superior de la región será el organismo que les dé una resolución favorable. “La Fiscalía alemana asume la defensa de la justicia española”, ha explicado el letrado. “Ahora empieza el proceso de extradición y es lo que esperábamos” ha revelado. “Ahora tendrá que pronunciarse el tribunal”, ha añadido.

Preguntado por los periodos, el letrado catalán del president cesado, que trabaja con un equipo de abogados belgas y alemanes, no ha querido pronunciarse, aunque la media de la entrega en Alemania es de entre 15 y 45 días y un máximo de 60 días según la ley, aunque a veces hay excepciones. “El tribunal requerido analiza si los hechos descritos en la euroorden son punibles en su país, no si son ciertos o no”, ha matizado. “Lo que habría sido noticia es que la petición no se hubiera admitido a trámite”, ha destacado.

Veo difícil que se aplique el delito de rebelión. Más bien veo posible que se aplique el de malversación. Si fuera así, desde la perspectiva del Gobierno español sería una victoria pírrica”

KAI AMBOS

Juez y catedrático en Derecho Penal

Kai Ambos, juez alemán experto en procesos judiciales internacionales y catedrático en Derecho Penal, se ha expresado en ese mismo sentido en la emisora catalana y ha opinado que el proceso será breve. Ambos ha señalado que la extradición no será por el delito de rebelión, al considerar que la Alta Traición no es equiparable a la rebelión de España, por lo que sólo podría ser juzgado por malversación de fondos públicos. “El único delito equiparable es la traición y el problema es que requiere violencia”, apunta.

Según ha explicado el letrado, el tribunal valorará si los hechos relatados por Llarena son punibles, y en ello es “esencial” la violencia. “Veo difícil que se aplique el delito de rebelión. Más bien veo posible que se aplique el de malversación. Si fuera así, desde la perspectiva del Gobierno español sería una victoria pírrica”, ha valorado.

La justicia española, el magistrado Pablo Llarena, cursó una euroorden de detención después de que el líder catalán fuera procesado por rebelión y malversación de caudales públicos el pasado 23 de marzo. Dos días después fue detenido en el land alemán cuando regresaba a Waterloo, donde tiene fijada su residencia, desde Helsinki. Acaba de cruzar la frontera danesa, país en el que el president cesado ya estuvo en enero.

Carles Campuzano ha señalado que era “previsible” que la Fiscalía alemana pidiese la extradición a España del expresident, pero ha confiado en que sea denegada al considerar que no hay argumentos legales para concederla. Desde la cámara baja, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados ha apuntado que hay un enorme abismo” entre el delito de rebelión que el juez Pablo Llarena le imputa a Puigdemont y lo ocurrido en otoño pasado en Catalunya.

Según Campuzano, más allá de si existe un tipo penal parecido o no en Alemania, no hay argumentos suficientes para concluir que se haya cometido un delito de rebelión que, ha recordado, en España exige la concurrencia de violencia. En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, para quien también “entraba dentro de lo previsto que la Fiscalía lo trasladara al órgano competente”. “Vamos a ver qué decide el juez instructor”, ha dicho Tardà, quien ha apuntado que la decisión puede tardar entre dos o tres meses.

La Mesa del Parlament acepta la delegación del voto de Puigdemont al considerar que su situación de encarcelado en Alemania es equiparable a la de los presos en España

En otro orden de las cosas, la Mesa del Parlament ha aceptado la delegación del voto de Puigdemont, con los cuatro votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, al considerar que estar encarcelado le equipara a los demás políticos presos en España, que sí tienen permitido el voto a distancia.

De ese modo, si no hay impugnaciones de por medio desde el Gobierno con recursos al Tribunal Constitucional, ahora Junts per Catalunya y Esquerra Republicana cuentan en el Parlament con 65 votos, con lo que sólo necesitarían uno más -el de Toni Comín- para lograr una investidura con minoría simple en segunda votación toda vez que la CUP mantenga su abstención, como hizo con Jordi Turull a mediados de marzo, un día antes de que entrara en prisión junto a otros procesados que ocupaban un escaño.

El Alto Tribunal había decretado a finales de enero -tras el recurso preventivo del Gobierno que no contaban con el aval del Consejo de Estado- la imposibilidad de delegar el voto desde el extranjero. “Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”, resolvió el TC, que declaró “radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas” en aquella resolución de urgencia. Además, advertía a los miembros de la Mesa de las responsabilidades, incluidas las penales, en que podían incurrir si desobedecían esta suspensión.

Lo que sí se había admitido previamente, tras un auto de Llarena y la aprobación pertinente de la Mesa del Parlament, es la delegación del voto de los diputados electos que estaban presos, como Oriol Junqueras, Joaquim Forn o Jordi Sànchez. También se admite el de los diputados encarcelados el viernes 23 de marzo, Turull, Raül Romeva y Josep Rull.

Este domingo se cumplieron seis meses del referéndum del 1 de octubre y un día antes, desde la cárcel de Neumünster, el president afirmó en un tuit: “Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de los que están dispuestos a pagar el precio de abandonar el estado de Derecho y la justicia por ‘la unidad de la patria’”.



La semana pasada Llarena permitió a Puigdemont y otros exconsellers cesados personarse en la causa una vez ya estaba dictado el auto de procesamiento, por lo que le permitía interponer recursos ante los autos del instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En su primer recurso, el president cesado negaba que hubiera violencia en la preparación y convocatoria del referéndum del 1-O, declarado ilegal por el TC, y menos un “alzamiento”.

Fuente: La Vanguardia
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