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AFP
Partidarios y adversarios de Lula se movilizan hoy en Brasil, en la víspera del juicio que puede derivar en el arresto del expresidente de izquierda, favorito para las elecciones de octubre.

El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero, para que siga en libertad hasta agotar todas las instancias judiciales.

Si el recurso es aceptado, el caso podría extenderse durante años y Lula seguir haciendo campaña electoral. Pero si es rechazado, el líder del Partido de los Trabajadores podría ser detenido a los 72 años de edad para cumplir una condena de 12 años y un mes de cárcel.

Cualquiera sea la decisión, tendrá una enorme repercusión sobre unas elecciones que se anticipan como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.

"No es una exageración afirmar que este es probablemente uno de los juicios más importantes de la historia del STF", afirmó La fiscal general de la República, Raquel Dodge.

Presiones

"Vamos a presionar al STF", pidió a sus seguidores el movimiento "Vem Pra Rua" (Sal a la calle), una organización muy activa durante el impeachment de 2016 que sacó del poder a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.

Ese grupo convocó a manifestaciones en 117 ciudades para pedir que se mantenga la jurisprudencia que permite encarcelar a un condenado en segunda instancia, como Lula. El derechista "Movimento Brasil Livre" (MBL) anunció actos en todos los estados del país, con el lema "O vas, o [Lula] vuelve", exigiendo "la prisión del mayor bandido del país".

En el clima áspero que se agravó tras los disparos efectuados el 27 de marzo contra una caravana proselitista de Lula en el sur, la Central Única de Trabajadores (CUT) realizará desde este martes por la tarde una vigilia ante el domicilio del líder de la izquierda en Sao Bernardo do Campo (estado de Sao Paulo).

"La condena del expresidente Lula es política, sin ninguna prueba. El presidente es inocente y todos lo saben. Solo quieren impedir que Lula sea candidato en las elecciones de este año", dijo el presidente de la CUT, Vagner Freitas, en una nota donde la central informó que realizará actos en todo Brasil.

La fiscal general se pronunció por el respeto de la norma que puede llevar a Lula a la cárcel. La existencia de cuatro instancias de apelaciones es "una exageración que aniquila al sistema de la Justicia, porque una Justicia que tarda es una Justicia que falla", declaró Dodge en una reunión con juristas en Brasilia.

Seguridad reforzada, justicia dividida

La sesión empezará el miércoles a las 14:00 de Brasilia. El máximo tribunal tendrá su esquema de seguridad reforzado. Las calles adyacentes al edificio serán bloqueadas y se colocarán vallas y un cordón policial para mantener separados a los manifestantes, dijo la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

La presión sobre los magistrados tuvo nuevos capítulos el lunes, cuando abogados, jueces y fiscales de grupos antagónicos llevaron al STF escritos separados con miles de firmas para defender las dos posiciones en pugna.

Ese mismo día, arropado por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, Lula envió su mensaje a los magistrados: "Quiero que la corte suprema solo haga justicia", dijo en un acto en Rio de Janeiro.

La agudización de los enfrentamientos llevó a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a hacer un inusual llamado por la paz social el lunes por la noche.

Pero el propio STF no es ajeno a la polarización que recorre Brasil.

El caso enfrenta a jueces "garantistas" y a defensores de la Operación Lava Jato, que desvendó una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos, que son vistos como más severos y partidarios del uso de la prisión preventiva y del cumplimiento anticipado de las penas.

Divididos, los 11 integrantes del STF debatirán un caso que, si bien es específico, su resultado podría indicar a los tribunales inferiores un cambio en la interpretación constitucional que permite encerrar a condenados en segunda instancia.

La última discusión de este tema terminó con un ajustado seis a cinco en favor de la jurisprudencia vigente.

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