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Nelson de La Madrid, abogado que representa a las comunidades indígenas guaraníes, advirtió que si el tercer juez también se declara “incompetente”, será presentada una denuncia ante la CIDH contra del Estado boliviano.

En menos de 10 días, un segundo juez de garantías constitucionales se declaró incompetente de resolver la acción popular presentada por dos comunidades guaraníes contra la ejecución de la hidroeléctrica Rositas en el departamento de Santa Cruz. El recurso, que fue derivado originalmente de Cochabamba a Camiri, pasó este viernes a Lagunillas.

El juez Ernesto Velarde, mediante una resolución judicial y sin convocar a las partes interesadas, se declaró “incompetente por razón de territorio, disponiendo la remisión de los antecedentes ante el Juez Público Mixto en lo Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo e Instrucción Penal 1 de la localidad de Lagunillas”.

El abogado Nelson de La Madrid, representante legal de las comunidades Tatarenda Nuevo y Yumao, lamentó que el juez Velarde, quien tenía la oportunidad de hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas ante el atropello que realiza ENDE, haya optado por declararse incompetente.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico que inundaría 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas y campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Por eso los indígenas presentaron una “acción popular”, para evitar su construcción.

El lunes 2 de abril, el Juez de Garantías Constitucionales Óscar Ortiz admitió la “acción popular” y resolvió que ENDE suspendiera toda actividad administrativa o jurídica en el marco de la construcción de la hidroeléctrica hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema.

Dos días después, ante la presión de unos 20 funcionarios de los equipos jurídicos de la Procuraduría General del Estado y de ENDE, en una audiencia realizada en Cochabamba, determinó dar pie atrás en su decisión y pasó el caso al juez de Camiri.

El abogado de los indígenas señaló que si el Juez de Lagunillas también se declara “incompetente” ante “la presión” que ejercen ENDE y la Procuraduría, se presentará denuncia contra del Estado boliviano ante la CIDH por vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y la mala praxis en la ejecución de megaobras; también se solicitarán medidas cautelares en contra de la hidroeléctrica.

Cuestionó que el contrato firmado hace más de 18 meses entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR), incrementó su monto de $us 1.000 millones a $us 1.300 millones sin justificación aparente, para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

Además, se firmó sin antes realizar la consulta pública, previa e informada a las comunidades indígenas y campesinas afectadas.

Sin consulta previa

El vicepresidente de la comunidad Moroco de la provincia Cordillera y representante de los propietarios privados, Benigno Barrientos, denunció falta de información por parte de ENDE y acoso estatal permanente en la zona de influencia de Rositas.

“No nos informan, se nos acosa, y no conocemos ninguna alternativa. Durante tres años nos han venido acosando, no conocemos el resultado de los informes socioeconómicos y de impacto ambiental. (…). El Ministro de Energía en lugar de llamar a defender un proyecto hidroeléctrico debería decirnos ¿dónde hay 45 mil hectáreas de tierra para reubicar a los afectados”, cuestionó.

Fuente: noticiasfides.com
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