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Después de que su esposo intentó violarla y cortarle el rostro, la joven fue salvada por sus padres. Un mes después de la golpiza, la Fiscalía no lo convoca a declarar. La agresión ocurrió el 5 de marzo pasado en su casa de Tarija.


Esa frase cliché: “Que vivan felices por siempre” no duró ni dos días para Jessica. Antes de ser golpeada brutalmente por su esposo, soportó una sarta de insultos, miramientos y hasta escupitajos de sus suegros el día de su boda.

La agresión ocurrió el 5 de marzo pasado en su casa de Tarija; se casaron el 3. Jessica Ortega, de 27 años, cuenta que las agresiones de su flamante marido, Pablo Viaña, de 29, comenzaron con reclamos por los supuestos maltratos que sufrieron sus padres y otros familiares en la fiesta de matrimonio.

“Me reclamaba que les dieron poca sopa a sus invitados, que no fueron bien atendidos, me hacía escuchar los mensajes de su mamá. Pero todo fue al revés, su mamá escupió a mis padres, los insultaron”, dice la joven. El gritaba y la golpeaba sentado encima de ella.

La metió a la habitación, ahí la desvistió, los puñetes en la cara aumentaron, tomó un envase de desodorante con el que quiso violarla, mientras ella se defendía como podía. “¿Te crees muy bonita, no? Te voy a cortar tu cara”, le repetía varias veces con un estilete en la mano.

“Me defendí con los pies, pataleaba y eso parece que le enfureció más”, cuenta Jessica. Los golpes no cesaban hasta que ambos escucharon el timbre. Eran los padres de ella que volvieron a recoger un celular que se habían olvidado luego de despedirse.

“Él me dijo que les mienta, que diga que todo estaba bien, yo ese rato le dije que sí, que les diría eso, pero cuando fui a abrirles la puerta les pedí ayuda y les conté lo que pasó. Él salió corriendo descalzo”, recuerda Jessica.

El siguiente martirio

Esa fue la última vez que vio a su agresor. El 6 de marzo Jessica llegó hasta la Estación Policial Integral (EPI) de la zona para presentar la denuncia contra Viaña, pero los policías le dijeron que en ese momento atendían otro caso, que regrese al día siguiente. Ella no claudicó, volvió y al fin pudo hacer la denuncia formal.

Sin embargo, las autoridades policiales no hicieron nada. Tuvo que intervenir el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) para que días después del hecho tres memoriales de denuncia puedan ingresar a la Fiscalía.

Es así que en la única convocatoria que tuvo Viaña para declarar se acogió al derecho del silencio. Después de esto, no se volvió a presentar al Ministerio Público y hasta la fecha esta instancia no investiga el caso.

Lo que sí avanzó son dos denuncias que interpuso el acusado en contra de Jessica y en contra de sus suegros por agresiones. Ellos ya fueron a declarar.

Lo que Viaña contó a la Policía es que los padres de su esposa fueron quienes lo golpearon en su domicilio. Este medio llamó al acusado para conocer su versión de los hechos, sin embargo entre el miércoles y jueves el celular estaba apagado.

A punto de cumplirse un mes de la brutal agresión el caso sigue paralizado. Jessica tomó una abogada particular para que ayude con el caso. Es decir, tenía el apoyo del SLIM y de la jurista, sin embargo, la abogada de la instancia municipal, Zuleika Huiti, abandonó el proceso al enterarse que la víctima contaba con un apoyo privado.

En un contacto telefónico con Página Siete aseguró que ella no podía dar ninguna declaración y que la joven ya tenía la colaboración de una abogada particular.

Días después de presentar la denuncia contra su esposo, Jessica regresó con sus padres a Culpina, municipio de los Cintis de Chuquisaca.

Llena de temor, pero con la fortaleza para seguir con el proceso, la joven está al tanto de lo que sucede en los estratos judiciales de Tarija. “Él anda suelto, me da miedo que me haga algo, tuve que irme a Culpina”, dice.

Prometió a sus padres y a sus amistades más cercanas nunca más volver con Viaña, sólo quiere justicia para ella.

Los casos de agresiones en contra de la mujer se desbordan

Cada día en Bolivia al menos 66 mujeres llegan a las instancias policiales a denunciar violencia. Sus concubinos, maridos o exparejas son los principales acusados de agredirlas física y sexualmente.

De enero a marzo de este año, los casos reportados por la Policía superan las 6.000, es decir que cada mes las víctimas hicieron un promedio de 2.000 denuncias en todo el país.

De acuerdo con el reporte, las agresiones que sufren son abusos sexuales, agresiones físicas (patadas, puñetes, y golpes con objetos), intentos de violación y violencia psicológica.

El año pasado, el Ministerio Público registró 28.060 agresiones a mujeres en Bolivia. En el departamento de Santa Cruz es donde se registran más casos de delitos contra la mujer, suman 7.872, seguido por La Paz con 7.469 y en tercer lugar está Cochabamba, con 5.586.

 Con estas cifras, la cantidad de casos de violencia sube cada día. El año pasado la ONU alentó al Gobierno a declarar alerta nacional contra la violencia hacia las mujeres “debido al alto índice de feminicidios y al elevado número de delitos contra su vida, libertad, integridad física, psicológica y sexual, alentamos al Estado Plurinacional de Bolivia a considerar el declarar alerta nacional contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”.

El pasado 8 de marzo, colectivos ciudadanos y feministas salieron a las calles no sólo de Bolivia sino de todo el mundo para manifestar su repudio a la violencia y a los feminicidios.

En La Paz y Cochabamba decenas de mujeres marcharon por las principales calles paraÂÂÂ pedir que las autoridades del Órgano Judicial y la PolicíaÂÂÂ actúen oportunamente para atender casos de agresiones con el único objetivo de que no se pierdan más vidas.

En La Paz un caso que estremeció ocurrió el pasado fin de semana. Nohel Z., miembro de un grupo tropical, golpeó a su novia brutalmente, le cortó con tijeras su espalda y sus glúteos además le cortó el cabello. Si bien el acusado fue enviado a la cárcel con detención preventiva, la víctima aún no puede conciliar el sueño por pesadillas.