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La opositora Unidad Demócrata (UD) presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Creación de Empresas Sociales por considerar que tendrá efectos negativos para los nuevos administradores de las firmas en quiebra. 

La norma fue sancionada la noche del jueves en la Cámara de Diputados y remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación. La futura norma permite, entre otras cosas, que los mismos trabajadores sean quienes asuman la administración de una empresa en caso de quiebra.

“A partir de este momento los empresarios van a tener más miedo de invertir porque saben que ante cualquier crisis que pueda haber, los trabajadores pueden esperar que la empresa se hunda y ellos apoderarse de la empresa”, afirmó el diputado de UD Gustavo Serrano.

Entre los aspectos que mencionó están además que se atenta contra los derechos fundamentales de las personas como el derecho a la propiedad privada. Consideró que se está “forzando” a que los mismos empleados se conviertan en empresarios.

“¿Qué pasa si esta empresa vuelve a fracasar en los siguientes meses?”, cuestionó Serrano, quien añadió que los mismos trabajadores tendrán que hipotecar sus bienes para poder resarcir al Estado los problemas que surjan.

La norma aprobada en la Cámara de Diputados fue modificada tras reuniones entre los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional con los representantes de los empresarios privados. Según el primer vicepresidente de la Cámara Baja, Lino Cárdenas, la norma fue consensuada y se encuentra enmarcada dentro de la Constitución Política del Estado, en el artículo 54.

Los trabajadores –según dijo– harán este “último esfuerzo” con la finalidad de que se mantenga una unidad productiva y con la finalidad de mantener las fuentes laborales de los trabajadores.

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