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Chuquisaca ingresó en su cuarto día de paro cívico indefinido, en rechazo a la vigencia de la Ley de Límites y el pago de regalías hidrocarburíferas del campo Incahuasi a favor de Santa Cruz. Las organizaciones cívicas de la capital del Estado le dieron el plazo de 48 horas al Gobierno para que solucione el problema.

“El Comité de Movilización de Chuquisaca le ha dado un plazo de 48 horas al Ministro de la Presidencia, al Viceministro de Autonomías, al Ministro de Hidrocarburos y al Presidente de YPFB para que se presenten en la ciudad de Sucre e inicien un proceso de negociación y dialogo”, ratificó la diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD).

SIN LABORES Y MOVILIZADOS

Prácticamente, todas las organizaciones civiles del departamento de Chuquisaca y de su capital, Sucre, realizan desde el pasado 1 de mayo un paro de actividades, acompañado de marchas y bloqueos de caminos.

Por ejemplo, el servicio del transporte público y pesado bloquea todos los accesos a la ciudad capital. Estos se hallan apoyados por pobladores que usan piedras, ramas de árboles y otros recursos de violencia para cumplir la medida, según informes de medios locales.

A la vez, los piquetes de huelga de hambre de autoridades regionales y cívicas siguen vigentes, y se anunciaron marchas para las próximas horas. La Central Obrera Departamental (COD), de su parte, ha reiterado su pedido de reunión de los gobernadores de los dos departamentos, pero los cruceños han descartado ese extremo.

LA SOLUCIÓN

Millares explicó que la solución está en manos del Gobierno central, que debe cumplir la sentencia constitucional 1160/2017-S2, del 17 de diciembre del año pasado, que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ordenó efectuar un procedimiento de delimitación interdepartamental, la suspensión del pago de regalías hasta la conclusión de un estudio técnico que determine si los reservorios son compartidos o no.

La semana pasada el juez Alberto Guzmán, en una audiencia propuesta por la senadora Adriana Salvatierra, del Movimiento al Socialismo (MAS), determinó descongelarlos y ordenó el pago de la regalías a Santa Cruz en un plazo de cinco días, es decir hasta este viernes.

Para el cumplimiento de la sentencia se debe dejar sin efecto la Resolución Ministerial 090/2018 que determina que los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, en especial el campo Incahuasi, establecidos en la leyes de 1898 y 1912, fueron certificados como oficiales y precisos. También, se tiene que dejar sin efecto la ley 051, de delimitación de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.

CUMPLIMIENTO

Por otra parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, reiteró ayer la postura del Gobierno central y remarcó que el fallo del TCP, que congeló las regalías del campo Incahuasi está vigente y debe cumplirse. Además, indicó que el nuevo estudio técnico se conocerá en dos semanas

“La firme posición del Gobierno es que la sentencia constitucional, emitida por el TCP, debe cumplirse y esa sentencia indica debe efectuarse un proceso de delimitación que ya está efectuado y que YPFB tiene que efectuar un nuevo estudio, acerca de lo cual tenemos información de que estuviera en curso”, apuntó.

De su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Ministerio de Hidrocarburos están llevando a cabo un nuevo estudio técnico, para definir dónde se encuentran los reservorios de gas del campo Incahuasi, se prevé que esté concluido en dos semanas.

INFORME

En agosto de 2015, el diputado de oposición Horacio Poppe solicitó un informe escrito al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez. En noviembre de ese mismo año, la autoridad remitió el informe donde se establece que el pozo descubierto en el campo Incahuasi (Aquío X-1001) está en territorio chuquisaqueño.

En los anexos de ese informe se detalla que el Operador Total E&P, Sucursal Bolivia, tiene a su cargo el Campo Aquío, que es productor de gas en el reservorio Huamampampa, en territorio chuquisaqueño. Esta información fue presentada ante la asamblea de instituciones en la capital del país.

ESTADO DE SALUD

Tras una evaluación realizada por los médicos de la Asamblea Legislativa, se determinó que la diputada Millares sea trasladada a un centro hospitalario, debido a su delicado estado de salud, después de cumplir siete días de huelga de hambre.

Antes de retirarse, la asambleísta decidió continuar con su medida pese a su deteriorado estado de salud, incluso firmó un documento de consentimiento, en el que asumía la responsabilidad por los posteriores daños que pueda causarle continuar en ayuno voluntario.

En ese documento señalaba que sufría ya un desequilibrio hidroelectrolítico y deshidratación moderada.

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