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EFE
El caso civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro, Carlos Sánchez Berzaín, está otra vez en manos del juez James I. Cohn, quien debe recibir hasta la media noche de hoy los últimos argumentos sobre una moción con la que los demandados buscan desestimar el proceso.

A medianoche de hoy vence el plazo para que las partes presenten sus últimas respuestas y a partir de entonces el juez Cohn puede llamar a una audiencia en el tribunal civil de primera instancia de Fort Lauderdale (a 50 kilómetros de Miami) o simplemente tomar la decisión en cualquier momento y publicarla.

El pasado 3 de abril un jurado responsabilizó a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de las muertes de ocho personas en las protestas sociales registradas en Bolivia en 2003 y fijó compensaciones por 10 millones de dólares.

Sin embargo, la defensa tachó de "incoherente" que ambos fueran declarados responsables de ejecuciones extrajudiciales, pero no de homicidio culposo (wrongful death en inglés).

La defensa además había interpuesto durante los primeros días del juicio, el pasado 18 de marzo, una moción amparada en la "Regla 50", en la que cuestionaba la evidencia presentada contra los exfuncionarios bolivianos.

"No hay pruebas que permitieran a un jurado encontrar responsables a los demandados", dijo hoy a Efe Mauricio Balcázar, quien fue ministro de Comunicación en el primer Gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997).

Balcázar precisó que el juez puede emitir "un juicio a favor de los demandados independientemente de lo que haya hecho el jurado", si considera que no hay evidencia que permita al jurado decidir a favor de los demandantes.

La "Regla 50" establece que un tribunal de primera instancia puede anular la decisión de un jurado si considera que no tuvo una base probatoria legalmente suficiente para decidir la responsabilidad de los demandados.

Sin embargo, los demandantes solicitaron al tribunal "denegar" la moción y emitir un juicio "consistente con el veredicto del jurado", según los documentos de corte a los que Efe tuvo acceso.

Los demandantes argumentan que el jurado tuvo durante tres semanas de juicio la oportunidad de escuchar más de 30 testigos, muchos de los cuales describieron las muertes ocurridas en septiembre y octubre de 2003, durante la llamada "Guerra del Gas".

"El jurado escuchó evidencia de al menos 58 muertes civiles y cientos de heridos civiles durante estas semanas, en contraste con la evidencia de solo tres muertes militares", expresan los abogados demandantes.

"La evidencia presentada al jurado respalda el veredicto", señalaron.

El juez Cohn, que no se pronunció sobre el veredicto, expresará en su fallo su parecer con respecto a la moción sobre la "Regla 50".

Balcázar precisó que quien pierda la moción la recurrirá ante la Corte de Apelaciones del Distrito judicial Undécimo, con sede en Atlanta (Georgia).

El caso, señaló, se asignará a tres jueces y las partes presentarán argumentos escritos ante este nuevo tribunal, probablemente en dos meses, de ahí, probablemente en 2019, habrá una opinión en esta instancia.

El exministro de Comunicación, yerno de Sánchez de Lozada, no descartó que el caso llegue a la Corte Suprema.

El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que autoriza demandas en tribunales federales de EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales.

Balcázar señaló que "no había base" para determinar la responsabilidad de ambos, porque la ley que los demandantes invocaron para acusarlos requiere que "exista un vínculo, conexión entre lo que el presidente Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, personalmente hicieron, y las muertes de los demandantes".

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