Mesa se defiende en la Fiscalía y MAS advierte "nerviosismo"

El ex presidente Carlos Mesa asumió defensa en el caso Quiborax y pidió a la Fiscalía que rechace la “absurda y encubridora” denuncia del Gobierno, aunque desde el oficialismo creen que reacciona con "nerviosismo" en el caso Odebrecht.

SUCRE. La presentación del memorial de Mesa en la Fiscalía General del Estado.
Mesa aseguró que no hubo delito en la reversión de las concesiones mineras de la chilena Quiborax en el Salar de Uyuni, ejecutada en su administración estatal y confirmada por sus sucesores Eduardo Rodríguez y Evo Morales

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Luego de que el martes declarara ante una Comisión opositora de la Asamblea por el caso Odebrecht, ante la que defendió su inocencia y disparó contra el oficialismo por buscar la “demolición política” de su imagen, Mesa hizo lo mismo pero en la vía judicial ante la Fiscalía General del Estado, ayer.

Pidió que el Ministerio Público rechace y archive la denuncia que se tramita rápidamente, porque “no hay materia justiciable”, y él actuó en el marco de su atribuciones constitucionales, al disponer la reversión de concesiones y la expulsión de la firma que “explotaba y depredaba" el Salar "en contra de los intereses del Estado”.

En un memorial presentado por su abogado Carlos Alarcón, la tarde de ayer, agrega que durante su gobierno se constató además que la empresa “no cumplía la normativa minera, ambiental, impositiva ni aduanera y que defraudaba económicamente al Estado”.

Explica que promulgó una ley y un decreto por los que se recuperó la superficie concesionada y ordenó la salida de la empresa chilena de territorio nacional.

ACTUACIONES EN GOBIERNOS DE RODRÍGUEZ Y MORALES

También fundamenta que “esta política de Estado y de Gobierno fue compartida por los gobiernos que me sucedieron”, porque en el caso del ex presidente Eduardo Rodríguez mantuvo la extinción de la concesión de la empresa y su expulsión del territorio nacional mediante otro decreto.

Y lo propio ocurrió con el gobierno de Morales, dice, que defendió las actuaciones de sus predecesores en la demanda arbitral de Quiborax, argumentando la legalidad de las normas que determinaron su expulsión. “Y no sólo esto, el Gobierno de Juan Evo Morales Ayma, a través de la autoridad competente de empresas, el año 2008 promovió una acción penal en contra de accionistas de la empresa Quiborax, demostrando con esto también, de manera inequívoca, que la empresa era la que dañaba y perjudicaba al Estado”, añade.

Igualmente expresa su extrañeza por el cambio de posición del Gobierno de Morales por haber presentado la denuncia en su contra. “Cuando la Procuraduría del Estado pierde este litigio por la pésima defensa que hizo sobre la materia económica del pleito, cambia radicalmente su posición jurídica asumida (...) y considera que el decreto de mi gobierno es ilegal y que por ello se justifica su proposición acusatoria en este caso”, dice Mesa en su escrito.

Por último sostiene que si el fiscal General, Ramiro Guerrero, acepta la denuncia del Gobierno, representado por la Procuraduría General del Estado, también tendría que requerir el enjuiciamiento de Rodríguez Veltzé y Morales Ayma.

Y pide, al contrario, el procesamiento penal de todas las autoridades del actual gobierno que intervinieron en la defensa de Bolivia en el proceso arbitral de Quiborax, “por haber causado daño económico al Estado, al haber ejercido una pésima defensa de los intereses del pueblo boliviano”.

Pero el ministro de Minería, César Navarro, señaló que el ex Presidente incumplió sus propias leyes y omitió procedimientos que causaron un perjuicio al país.

LA VOZ DE RODRÍGUEZ

Rodríguez Veltzé explicó en La Paz que el arbitraje por el caso Quirobax fue encarado de forma íntegra en la gestión del actual de gobierno.

"El proceso de constitución del tribunal arbitral y el arbitraje propiamente dicho comenzó recién en noviembre de 2006, de manera que mi gestión no tuvo participación posterior en el arbitraje", dijo al diario Página Siete.

CASO ODEBRECHT

En el caso Odebrecht, la presidenta de la Comisión, Susana Rivero (MAS), afirmó ayer que existen pruebas que demuestran que durante el gobierno de Mesa se "amarró" la construcción de la carrera Roboré-El Carmen.

"La investigación se inició en Brasil y son ellos los que dicen que hay sobornos en la construcción de la carretera Roboré-El Carmen (...). Esta no es una investigación política contra Carlos Mesa", enfatizó la oficialista.

Adelantó que en este momento se indagan los flujos migratorios y cuentas del actual vocero de la causa marítima, al igual que de otros presuntos involucrados en presuntos cobros de la constructora brasileña.

Manifestó que "no se debe politizar una investigación que es técnica", agregó que el único que reacciona con "nerviosismo" es el ex Mandatario, ratificó que lo convocarán a declarar más adelante, y dijo que él hace “un despliegue mediático, no sabemos con qué fin".

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