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Ha sido un pulso entre un joven procedente de Togo que se negaba a ser deportado a su país y el ministro de Interior alemán, Horst Seehofer. Y ha ganado el pulso el ministro. Una vez denegada su solicitud de asilo y dispuesta su devolución a Togo, el pasado lunes una revuelta en el centro de refugiados en el que se hospedaba impidió que los cuatro agentes de policía asignados al caso lo trasladasen al aeropuerto para cumplir con el previsto proceso de deportación. «Teníamos órdenes de escoltarlo hasta el vuelo que iba a llevarlo hasta Italia para, dese allí, volar posteriormente a África, pero los alrededor de 150 refugiados instalados en ese mismo albergue impidieron violentamente la entrada a la policía y facilitaron su huida por una puerta trasera mientras se enfrentaban a los agentes para darle tiempo a escapar. El incidente, que los mismos refugiados grabaron con sus teléfonos y distribuyeron a través de las redes sociales en medio de exclamaciones de victoria, fue calificado por el ministro Seehofer como «una bofetada a las personas que sí residen en Alemania legalmente porque necesitan ayuda». Acto seguido, dio orden de que el joven de 23 años fuera detenido. «No podemos permitir que se pisotee el derecho de asilo», justificó.

Alrededor de 50 coches patrulla y otros 50 vehículos policiales, además de unos cien agentes armados y con perros, han rodeado a primera hora de hoy el albergue de la ciudad de Ellwangen, en Baden-Wurtemberg, y han procedido a un registro en el que «no solamente buscábamos a ese individuo sino también armas y documentación falsa en varias habitaciones porque nos constaba que varios de los alborotadores tienen antecedentes policiales y estaban organizándose para presentar resistencia a la autoridad», ha explicado el portavoz de la policía Bernhard Kohn.

Durante la operación, varios de los extranjeros en el albergue trataron de impedir de nuevo la entrada de la policía «de forma extremadamente agresiva y violenta» y han resultado «varios heridos». Algunos de ellos, al comprobar que los agentes lograban acceder, saltaron por las ventanas para evitar ser detenidos, pero el edificio estaba rodeado y no lograron evadirse. La policía improvisó un centro de detención en uno de los salones del edificio para tomar allí mismo la identidad y declaración de todos sus habitantes y discriminar cuáles de ellos, en total cinco, debían ser trasladados a comisaría.


«Existía el peligro de que se consolidara un área al margen de la ley en ese edificio», ha explicado el subjefe de policía Bernhard Weber. La policía había sido de antemano amenazada por los refugiados, pero «la situación ha quedado neutralizada». Según Weber, tres de los detenidos serán acusados de tráfico de narcóticos y en dos casos delitos de robo.

Termina así un incidente que pretende resultar ejemplarizante para los ilegales que tratan de evitar la deportación. Horst Seehofer, hasta ahora presidente de Baviera y que acaba de ser nombrado ministro de Interior por recientemente formada gran coalición de gobierno de Merkel con los socialdemócratas del SPD, ha llegado al cargo con la intención de imponer mano dura en las consecuencias de la crisis de los refugiados. Esta visible reacción ante el motín en un albergue muestra que a partir de ahora no habrá contemplaciones.

Agilizar las deportaciones de ilegales
En diciembre de 2016 tuvo lugar la primera deportación colectiva de 34 afganos a los que les había sido denegado el asilo en tierras germanas, pero pronto se dieron incidente de resistencia e incluso pilotos de las aerolíneas contratadas a tal efecto se negaban a volar con pasajeros llevados a la fuerza hasta su asiento en el avión. A finales de 2017, el gobierno reconoció que un total de 222 vuelos habían sido cancelados por pilotos que no quisieron tomar parte en la controvertida repatriación de refugiados a Afganistán. Aproximadamente 85 de las negativas a efectuar los vuelos entre enero y septiembre provenían de pilotos de Lufthansa y su subsidiaria, Eurowings. Unas 40 tuvieron lugar en el aeropuerto de Düsseldorf, donde las deportaciones suelen ir acompañadas de manifestaciones de protesta. La mayoría de las cancelaciones de vuelos se produjo en el aeropuerto de Fráncfort, el principal de Alemania.

Esta situación paraliza la necesidad de las autoridades alemanas de agilizar las deportaciones de ilegales, según el plan hecho público en febrero de 2017. Muchos de los objetivos de deportación ni siquiera deben regresar a su país de origen, sino que forman parte de los aproximadamente 8.000 que burlaron en su día a las autoridades alemanas, aprovechando el colapso de las oficinas de inmigración, solicitando asilo en Alemania a pesar de que ya lo habían obtenido en otros países de la UE. Horst Seehofer, todavía como ministro de Baviera, declaró que la deportación de los aproximadamente 250.000 solicitantes de asilo falsos que ingresaron a Alemania en 2015 o 2016 es «prácticamente imposible», pero ahora, desde su nuevo puesto de ministro de Interior, está dispuesto a demostrar que con mano dura puede al menos acercarse al objetivo.

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