TCP no resuelve hace 5 meses un recurso por ascensos policiales

Una acción de inconstitucionalidad presentada por el coronel de la Policía Julio César Alarcón está en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde hace cinco meses y hasta la fecha esta instancia no emite una resolución sobre la denuncia de violación de derechos en el proceso de  ascensos de 2017.

César Rojas explica el proceso de su cliente Julio César Alarcón. Foto: Freddy Barragán / Página Siete
“Esto vulnera el principio de igualdad  y oportunidad, por eso hemos presentado este recurso para que se deje sin efecto los ascensos. Sin embargo, hasta la fecha no sale la resolución desde el 10 de diciembre del año pasado, tomando en cuenta que se tiene un plazo de 10 días para que se admita”, informó el abogado del denunciante, César Rojas.

La causa que perjudicó a varios aspirantes al generalato fue la aplicación de un nuevo reglamento aprobado en 2015. Esta norma modificó los requisitos para el ascenso, por lo que algunos oficiales no tuvieron el tiempo suficiente para cumplirlos.

El abogado Rojas indicó que en el caso de su cliente no se contempló que haya sido director departamental de Interpol debido a que en el nuevo reglamento ya se excluye este destino. “Ni siquiera se tomó en cuenta que era primero de su curso, estaba por encima con más de 300 puntos sobre el actual comandante (Faustino Mendoza)”, manifestó.

Los últimos días de diciembre de 2017 hubo un giro en la lista de los futuros generales de la Policía  que ya había sido enviada al Legislativo. Algunos que por años ocuparon los primeros puestos de su promoción fueron relegados y los que  encabezaban la nómina   desde esa fecha figuraban antes en puestos inferiores al noveno.

Los coroneles perjudicados que no lograron el ascenso son Julio César Alarcón, Hernán Meyer, Hugo Morales, Sergio Medina y Luz Cabrera.

 En su momento, el entonces comandante de la Policía Abel De la Barra afirmó a este medio que se había cumplido con las normas establecidas en el proceso de calificación para los ascensos correspondientes.

Esto motivó que algunos de los perjudicados acudan a instancias legales. “Si sale el recurso de inconstitucionalidad favorable se tendría que dejar sin efecto esos ascensos”, dijo Rojas.

El jurista lamentó que el TCP no cumpla con los plazos establecidos, “prácticamente nos coartan los derechos y la posibilidad de que esto salga favorable”, manifestó.

 Finalmente, la denuncia fue enviada al Ministerio de Gobierno, en cuya respuesta -según Rojas- da la razón sobre la inconstitucionalidad, pero “indica que se modificará el próximo año”. Se hizo una petición de informe a la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa sobre el proceso de calificación, pero nunca fue respondida.
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