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Página Siete  / La Paz
Representantes del Control  social del municipio de Llica (Potosí) informaron  que el proceso de investigación contra el  alcalde del Movimiento al Socialismo (MAS),   Édgar Apala, por sobreprecio en la compra de  mochilas escolares se estancó. La denuncia fue presentada en 2016 ante la Fiscalía y el caso no avanza hasta la fecha.   

“No hay ningún avance, la Fiscalía  debería investigar de oficio, pero sigue protegiendo (al Alcalde).  Se presentaron  requerimientos para hacer una auditoria, no hay resultados.  Se solicitó un peritaje, pero hay  retardación de justicia”, resumió Agustín Ayaviri, uno de los representantes de  Control Social de Llica. 

El 2016, Ayaviri  denunció la compra con  sobreprecio del material que  distribuyó  Apala. La última y cuarta  nota que  envió a la Fiscalía fue hace tres meses para solicita la evaluación de la calidad del material escolar distribuido a los niños. Desde el 2017,  no se dio curso a ninguno de estos requerimientos, denunció.

 El caso de Llica  por el sobreprecio en la compra de  mochilas es el tercero en  Bolivia. El  20 de abril, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue aprehendido después de  declarar sobre   la compra de 91.000 mochilas escolares chinas con un supuesto sobreprecio de 10,1 millones de bolivianos. En  la audiencia cautelar se determinó su detención preventiva y su alejamiento tanto de   oficinas como de funcionarios ediles. 

El domingo, el alcalde de Oruro, Édgar  Bazán fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro, después de permanecer  por 24 horas  en una clínica de la ciudad. Se declaró   “inocente” y calificó como “injusto” el proceso en su contra  por la compra de mochilas escolares con presunto sobreprecio.

  En 2016, centenares de padres de familia de Llica (municipio de la provincia Daniel Campos, en el departamento de Potosí) marcharon para denunciar     sobreprecio en la compra de las mochilas escolares que recibieron  sus hijos.  Además de carteles, mostraron en su protesta los bolsos que les dieron, con  imágenes de princesas y superhéroes y su contenido: unos cuantos lápices de colores, marcadores secos en bolsas transparentes  y bolígrafos sin marca.

La siguiente semana, representantes de Control Social de Llica  llegarán a La Paz para denunciar la retardación de justicia en este caso.     “Quisiera hacer una comparación entre mochilas de Cochabamba”, adelantó Ayaviri.  


Las mochilas eran de industria china. Su precio en el mercado no pasaba de  35 bolivianos, incluido el material escolar. Pero, el contrato municipal era por 118.840 bolivianos; es decir, 135 bolivianos por unidad. 

Después de varias protestas en el pueblo, cuatro ciudadanos –tres  padres de familia como testigos y el responsable de Control Social  como denunciante– se apersonaron  a la Fiscalía en la ciudad de Potosí. Apelando a la jurisdicción, el burgomaestre acusado  solicitó el traslado del proceso  a Uyuni, donde radica el caso hasta la fecha.

En 2017, el fiscal del juzgado provincial   imputó formalmente al Alcalde y una audiencia cautelar dictaminó su detención domiciliaria, aunque el burgomaestre  continuó en funciones. La medida, luego, fue   revocada. 

En 2016, la alcaldía de Llica  dio las mochilas a los estudiantes, pero, tras las denuncias,  cierta cantidad fue secuestrada con fines de investigación. Desde entonces, el municipio ya no entregó este material escolar.

Denuncia en Oruro, un proceso largo

El dirigente vecinal de Oruro, Severo Torres Pinaya, quien denunció el caso mochilas contra el alcalde  Édgar Bazán el 2017, contó  que sufrió acoso  y  vive un  “vía crucis”, porque el burgomaestre  inició cuatro procesos judiciales en su contra. Dijo  además que  es víctima de  un constante amedrentamiento como represalia por presentar una querella contra la autoridad. 

Este año, tras ocho meses de investigación, la Fiscalía imputó a Bazán al constatar la compra mochilas hechas en China, cuando se anunció que serían de origen nacional. 

En el caso de Cochabamba, la concejal Rocío Molina fue quien denunció la irregularidad, a principios de abril. El alcalde, José María Leyes, fue detenido el 20 de ese mismo mes.  La representante de la Aduana, Marlene Ardaya, indicó que  los documentos mostraban un total de 2,7 millones de bolivianos, pero la Alcaldía pagó 12,3 millones.

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