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El abogado del expresidente Carlos Mesa, Carlos Alarcón, afirmó este martes que el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el caso Quiborax no se discutió las ‘nomenclaturas’ de las normas además que la Defensa boliviana consideró legal la norma que emitió el expresidente.

El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, observó las acciones que asumió la gestión de Mesa para revertir una concesión a la empresa de capitales chilenos en el Salar de Uyuni, afirmó que la figura de “revocatoria” no se ajustaba al marco legal.

Alarcón explicó que la ley hablaba de “nulidad”, pero esa figura únicamente puede ser adoptada por un juez, por lo que se redactó en el decreto de Carlos Mesa la figura de “revocatoria”. Posteriormente, la extinta Superintendencia de Minas aplicó la “caducidad” de la concesión que fue respalda en una norma durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Recordó que el laudo en la página 71 dice Bolivia afirma que el argumento de revocatoria se adoptó sobre la base de la ley 2.564 y que no es ilegal.

“Tanto el decreto de revocatoria como declaraciones de nulidad de las concesiones son parte de una misma reacción del Estado, fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras”, complementó.

Ratificó la posición de que hubo una “pésima defensa” de todos los procuradores que han intervenido en este caso porque lo que se debía haber discutido no es la “nomenclatura del decreto de Mesa” sino la cantidad de las inversiones que hizo la empresa.

“Llama la atención que cuando se contesta a la demanda arbitral, el procurador dice que el decreto de mesa es legal, ajustado a derecho y forma parte de una reacción legitima del Estado boliviano y después cuando lo pierden el juicio cambian 180 grados de posición y resulta que ahora salen con la teoría descabellada de que habría responsabilidad penal del expresidente Mesa”, reprochó.

Alarcón consideró que las inversiones fueron “súper abundantemente amortizadas” con las ganancias que ha ido obteniendo Quiborax durante la etapa en la que explotó estos recursos. Además que las declaraciones formales de impuestos y tributos aduaneras debieron cotejarse con el volumen exportado. “El Estado de Bolivia debería haber contrademandado en el mismo proceso arbitral a esta empresa con capitales chilenos por daños y perjuicios”

“Si se aceptarían hacer procesos penales por temas formales de decretos, el primero que debería entrar en un juicio de responsabilidad debería ser Evo Morales con todos sus decretos de nacionalización porque la Constitución en el artículo 109, parágrafo II, exige que cuando se afecten derechos se tienen que hacer mediante una ley, la Constitución no acepta un decreto”, ejemplificó y dijo que el Estado ya pagó aproximadamente $us 1.000 millones por nacionalizaciones de una “manera discrecional” y “entre gallos y medianoche”.   

Por otro lado, dijo que si la decisión de Mesa fuera incorrecta en el gobierno de Rodríguez o el de Evo Morales se debió haber devuelto la concesión. Incluso dijo que si se avanza en el proceso, analizarán la posibilidad de presentar una proposición acusatoria contra Evo Morales por las mismas razones que invocan en su proposición el Procurador.

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