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La gran área productiva agroindustrial del departamento de Santa Cruz continúa con problemas emergentes de la toma de tierras por grupos ilegales, los cuales han recrudecido en sus incursiones, generando inseguridad jurídica en los predios en proceso de saneamiento.

A pesar de existir una ley que sanciona estos atropellos, la situación mantiene en vilo a los productores, expresó Julio Roda, expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

A fines de 2014 se promulgó la Ley 477 contra avasallamientos, la aplicación de las sanciones que impone a los infractores incluso son con privación de libertad. Sin embargo, Rodas dijo desconocer si bajo esa normativa se procesaron a responsables y consecuentemente se registraron ya algunas pérdidas de libertad como corresponde.

“Los ‘tomatierras’ ven al sector productivo como empresarial, cuando en realidad somos productores agropecuarios, somos emprendimientos unipersonales, generadores de alimentos”, remarcó Rodas, en entrevista con EL DIARIO.

Asimismo, mencionó las circunstancias que precedieron a la promulgación de la referida ley, con el interés de brindar protección ante los avasallamientos a manos de grupos ilegales ajenos a los predios, y evitar su ingreso a la propiedad productiva.

Sin embargo, sostuvo que si bien existe la normativa, hay predios en pleno proceso de saneamiento, y en el trámite se tropiezan con dificultades, lo que hace que esta situación sea proclive a recortes en las superficies consideradas.

DENUNCIAS

En el programa de televisión difundido en Cochabamba, bajo el denominativo “Marianela”, la conductora Marianella Montenegro, denunció que organizaciones afines al MAS, (Bartolinas), y el exlegislador Fidel Surco frecuentan las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), regional Santa Cruz, para recabar información de predios en proceso de saneamiento, para luego proceder con asaltos

Rodas lamentó que las organizaciones afines al Gobierno tengan información sobre la situación legal de las propiedades que sufren modificaciones en su extensión. “Esa información se filtra de alguna forma, y luego los asaltantes ingresan a los predios y los destruyen” todo a su paso, lamentó.

Dijo que dichas organizaciones no buscan cualquier predio, sino aquellos que tienen algún desarrollo, como infraestructura construida, con áreas de desmonte, agua”, señaló.

Ante estos hechos, que han recrudecido en los últimos tiempos, Rodas manifestó su preocupación, ya que nuevamente se registran hechos en franca vulneración de los derechos constitucionales. Estimó que habría al presente unos 50 predios intervenidos recientemente, esta situación puso en alerta al sector, sembrando incertidumbre sobre la seguridad jurídica.

En la entrevista concedida a este matutino, el exdirectivo de la CAO dijo que se tiene información de 136 predios avasallados, y agregó que a esa cifra se sumarían 50 más.

Advirtió que este escenario frena el crecimiento del sector y evita que la frontera agrícola se amplíe, además que los predios avasallados no serían ya sujetos de crédito, por la inseguridad que generan la actuación de grupos ilegales que tendrían vinculaciones con las organizaciones del partido de Gobierno.

GRUPOS ILEGALES

Explicó que los grupos en cuestión son organizaciones de campesinos que se unifican para ingresar a los predios; aseguró que el 100 por ciento de los casos son para comercializarlos.

El sector privado ha planteado al Ejecutivo la ampliación del plazo de los créditos a la Función Económica Social (FES) de 5 a 10 años. Este sería el principal argumento que utilizan las autoridades y el propio INRA para proceder ilegalmente con la reversión de derechos constituidos.

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