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Lo hizo a través de una publicación en su blog. El procurador, Pablo Menacho, adelantó que puede haber un juicio de responsabilidades. El TSE estima que la convocatoria a elecciones sería en enero de 2019


El caso Quiborax, sobre el que la Fiscalía General del Estado deberá emitir un pronunciamiento a inicios de julio, representa para el expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Diego de Mesa Gisbert, un emblema de la forma autoritaria e irresponsable del funcionamiento del gobierno del presidente Morales, ante lo cual publicó en su blog ocho irregularidades que identificó en el proceso. 


“La combinación del delito flagrante de falsificación del documento (de Quiborax) madre del proceso y la simple presentación de un flujo de caja (debido a que no contaban con un plan de inversiones), hacían inverosímil el reclamo de la cifra astronómica ($us 42,6 millones) que le exigieron a Bolivia y la que, como producto de tamaña irresponsabilidad del Ministerio de Defensa del Estado y de la Procuraduría, Bolivia acabó pagando.

Las 8 irregularidades, según Mesa: 

1. Las acciones penales por el decreto (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, prescribieron, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma sería ilegal.

2. El expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005. 

3. Los defectos de forma fueron subsanados mediante la Resolución Administrativa de 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM) 

4. Antes de iniciar el proceso arbitral en el CIADI, Bolivia y Quiborax habían a un acuerdo de conciliación en 2008, por el que Bolivia pagaría solo $us 3 millones. 

5. Los propietarios de Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista, falsificaron el acta de constitución de la empresa. Esa falsificación alteró su composición accionaria.  

6. La Procuraduría afirmó con anterioridad que el decreto de Revocatoria (27589, del Gobierno de Mesa) se adoptó sobre la Ley 2564 y no es ilegal. 

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7. Se conoció que autoridades de la Subprocuraduría y abogados y funcionarios chilenos de Quiborax, negociaron y redactaron el desistimiento de Bolivia y de la Fiscalía boliviana. 

8. Como resultado de las negociaciones de la actual gestión, “el falsificador confeso David Moscoso”, dueño del 49% de Quiborax, recibirá $us 20,8 millones del Estado que lo condenó a dos años de cárcel. 

Puede haber un juicio de responsabilidades

Para el procurador general, Pablo Menacho, si el Ministerio Público encuentra elementos de convicción, deberá remitir los antecedentes a la Asamblea Legislativa, y se podrá autorizar un juicio de responsabilidades. 

“(El ministerio Público) va a remitir los antecedentes a la Asamblea Legislativa y será quien autorice un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa”, afirmó en entrevista con Red Patria Nueva.

Puede haber un juicio de responsabilidades

Para el procurador general, Pablo Menacho, si el Ministerio Público encuentra elementos de convicción, deberá remitir los antecedentes a la Asamblea Legislativa, y se podrá autorizar un juicio de responsabilidades. 

“(El ministerio Público) va a remitir los antecedentes a la Asamblea Legislativa y será quien autorice un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa”, afirmó en entrevista con Red Patria Nueva.

Convocatoria a elecciones 2019

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, en entrevista con EL DEBER, manifestó que ‘posiblemente’ en enero de 2019, se emita la convocatoria para los comicios generales, que tendrían lugar en octubre.

“Lo que establece la norma es que nosotros hacemos la convocatoria 150 días antes de la elección, entonces, si pensamos en una elección prevista para octubre, la convocatoria la haríamos en enero”, aseveró.

Un comunicado oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclara que la convocatoria no sería para enero, sino para mayo del próximo año. 

Según Mesa, su proceso demuestra que buscan “eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio”, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial.

Hasta el momento se presentaron unas seis ex autoridades a declarar por este caso. Se desconoce a quiénes más convocó la Fiscalía que tiene plazo hasta el 10 de julio para pronunciarse sobre la proposición acusatoria de la Procuraduría.



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