Mesa no descarta acusación al Gobierno si prospera juicio

Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos D. Mesa, no descarta la presentación de una proposición acusatoria contra la actual gestión de Gobierno con los mismos argumentos con los que la Procuraduría intenta procesarlo después de la pérdida del arbitraje con Quiborax.

Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos D. Mesa (Página Siete)
Explicó que si se pretende iniciar un juicio  contra el exmandatario por aspectos formales, también se podría argumentar que todos los decretos supremos que sirvieron para dar curso a las nacionalizaciones tienen violaciones sustanciales a la Constitución Política del Estado (CPE), porque se hicieron sin una ley de por medio.

“Si quieren entrar a un juicio penal por temas formales, todos los decretos de nacionalización tienen violaciones  a la  CPE,  se hicieron sin una ley.  Segundo, hubo incumplimiento de deberes  porque debió  enviarse  el proyecto a la Asamblea  Legislativa y no se lo hizo y, tercero, por el daño económico, porque se pagaron millones discrecionalmente. Si   hablamos de juicio de responsabilidades,  ahí el Procurador  debería estar preocupado”, dijo.

Al ser consultado si se estudia presentar alguna acción contra la actual administración, Alarcón señaló que se evalúa esa posibilidad  si la Fiscalía no actúa  de forma igualitaria.

En su criterio,  si  avanzan las investigaciones, debería incluirse en el proceso al expresidente Eduardo Rodríguez  Veltzé y al actual Evo Morales, porque avalaron la reversión de concesiones de Quiborax realizada en 2004    y no revirtieron el decreto del expresidente Mesa. 

“Ahora si vemos que la Fiscalía  avanza con el proceso  de manera  desigual, con trato discriminatorio,  no descartamos  presentar una proposición acusatoria  por las mismas razones que invoca el Procurador contra el actual régimen”, adelantó.

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, en una entrevista con este medio  indicó que Mesa procedió de forma ilegal e ilegítima en el proceso de reversión de las concesiones de Quiborax.

Alarcón aclaró que en la sentencia del CIADI del  16 de septiembre de 2015, en página 71 numeral 189, los árbitros refieren que en el proceso  Bolivia argumentó   que el decreto supremo  de revocatoria de las concesiones  se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y que  no es ilegal.  “Tanto el decreto  de revocatoria como declaratoria de nulidad de concesiones son parte de una misma reacción  del Estado y  fueron actos legítimos”, subrayó.

Agregó que si la decisión de expulsar a Non Metallic porque explotaba ilegalmente en el Salar de Uyuni y se encontró que declaraba en impuestos menos de lo  que explotaba, era contraria a los intereses del Estado, debió ser revertida por los gobiernos que sucedieron a Mesa.

En criterio de Alarcón para ganar   el arbitraje,  la Procuraduría debió argumentar que la empresa invirtió apenas un millón de dólares y que el perjuicio fue para el país y que el capital ya se amortizó con la exportación de ulexita, pero nunca lo hizo.    

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