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El expresidente es acusado por la comisión de tres delitos, que le valdrían hasta 10 años de cárcel si es hallado culpable y se le aplican las penas máximas.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ayer el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades  contra el expresidente Carlos D. Mesa Gisbert, por el caso Quiborax.


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La exautoridad es acusada de haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por los que puede pasar hasta 10 años en prisión, si es encontrado culpable y se le aplica la mayor de las penas por cada tipo penal.

La presentación fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la ciudad de Sucre, una vez cumplido el plazo de 30 días establecido de acuerdo con la norma legal para la acumulación de antecedentes.

“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso. (…) Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que, a su vez, pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa ”, explicó Guerrero.

En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Mesa también están incluidos los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde, según nota de prensa de la Fiscalía.

“La única persona que goza de privilegio constitucional es el expresidente Mesa Gisbert y al Ministerio Público le corresponde pronunciarse sólo sobre él”, mencionó el Fiscal General.

De acuerdo con el procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de juicio de responsabilidades, el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente.

En el período de acumulación de antecedentes, la Fiscalía recibió la declaración informativa de exautoridades de la Procuraduría General del Estado y de la parte denunciada, encabezada por Mesa, quien evitó responder las consultas realizadas por el fiscal general del Estado.

El 19 de junio pasado, el expresidente, junto con su abogado Carlos Alarcón, se presentaron a ante el Ministerio Público, en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, una vez instalada la audiencia para la toma de declaraciones y tras la lectura de sus generales de ley, la exautoridad nacional dijo: “Me remito a mis tres memoriales presentados”, eludiendo con ello las preguntas del Fiscal General.

Entre sus memoriales, Mesa solicita que las investigaciones se amplíen a los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; de Minería, César Navarro Miranda; al procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich, y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, por la presunta comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes.

Por tratarse de autoridades que no gozan de privilegio constitucional, el caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz. El Ministerio Público inició la acumulación de antecedentes luego de que la Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Mesa, por no cumplir la Ley 2564 y la emisión ilegal del decreto 27589, que dieron lugar al arbitraje internacional de Quiborax contra el Estado, cuyo fallo supuso el pago de 42,6 millones de dólares.

Los antecedentes 

Normativa  Con la emisión del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, el gobierno de Carlos Mesa dispuso la revocatoria de las 11 concesiones mineras obtenidas por Non Metallic Minerals (NMM), socia de Quiborax, en el Salar de Uyuni, en Potosí.
Ilegalidad   La Procuraduría General del Estado responsabiliza a Mesa de haber incumplido seis auditorías antes de la expulsión de NMM y Quiborax, que iniciaron el arbitraje a partir de ese argumento.
Laudo  El tribunal del CIADI falló en contra de Bolivia, en 2015, y ratificó el laudo este año, ordenándole a pagar 57 millones de dólares a la parte demandante, cifra que fue negociada a 42,6 millones. 

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