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El empresario paraguayo-venezolano dijo que es socio de políticos bolivianos en las empresas que dirige. Un parlamentario oficialista sostuvo que debería aclarar quiénes son para no generar dudas.


La revelación del empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, de que tiene socios políticos en las compañías que opera en Bolivia, no pasó desapercibida. Los legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD) pedirán al Ministerio Público que indague.

Óscar Ortiz, senador de UD, dijo que la Fiscalía debiera investigar quiénes son los socios políticos que menciona Gill. “En la entrevista se nota la soberbia de quien se cree impune por su relación privilegiada con el Gobierno del MAS”, precisó.

El legislador fue más allá al indicar que aquello que ha sido diseñado como una operación de relaciones públicas en realidad se convierte en una escandalosa confesión del modus operandi del empresario y sus vínculos con el Ejecutivo.

“Nuevamente surge la preocupación sobre la participación directa del presidente Evo Morales en reuniones con empresarios que buscan adjudicarse negocios con el Estado”, dijo.

Ortiz considera que se debe revisar las decisiones que se han tomado en las reuniones. “Ahora los bolivianos nos enteramos de que las acciones de este Gobierno sobre el corredor bioceánico no responden a una política de desarrollo nacional, sino que están seriamente influenciadas por el interés particular de un empresario venezolano que ya controla las redes ferroviarias Andina y Oriental”, cuestionó.

En la víspera, Gill dijo que es el pionero del tren bioceánico, que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico (infografía.)

Consultado al respecto, el diputado oficialista (MAS) Édgar Montaño sostuvo que estaba sorprendido de que el mayor accionista de las ferroviarias recién revele que tiene socios políticos en Bolivia. “La Constitución Política del Estado prohíbe que haya injerencia de la parte política activa de senadores o diputados en emprendimientos porque se incurre en delitos penales. Él debe revelar quiénes son los socios para que no se especule o se dañe la imagen de personas que no tienen nada”, indicó.

Acerca de la intención de los opositores de pedir una investigación a la Fiscalía, Montaño dijo que estaba de acuerdo porque el MAS no socapa actos irregulares. “No puede haber información a medias”, agregó.

Mientras, el senador de UD Carlos Pablo Klinsky considera que las declaraciones de Gill son una prueba más, a confesión de parte, sobre cómo se dirigen las adjudicaciones en el Gobierno del Movimiento Al Socialismo, dando lugar a negocios vinculados.

“Gill tendrá que dar los nombres sobre quiénes son sus socios políticos del Gobierno. En Argentina, tras la salida de los Kirchner del poder, el costo de la obra pública bajó un 40%; es decir que casi la mitad del costo iba a parar a los bolsillos de los gobernantes y sus amigos. Es muy posible que en Bolivia con el MAS estemos en una situación similar”, enfatizó.

La senadora Adriana Salvatierra, así como la diputada Gabriela Montaño, ambas del MAS, fueron consultadas sobre el tema, pero indicaron desconocer la información para declarar.

Asimismo, se buscó la versión del empresario Carlos Gill sobre el anuncio de los legisladores, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición.

EL DEBER / Carla Paz Vargas