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(ANF).- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas en la Asamblea Legislativa y los resultados que puedan darse en contra de la voluntad popular. Por este motivo llamó a los distintos sectores de la población a estar en apronte para afrontar las intenciones prorroguistas del actual gobierno.



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“Llamamos a las instituciones, organizaciones sociales, cívicas, religiosas, funcionales, sectoriales, académicas, vecinales a estar en estado de apronte, porque si la legalidad va a ser forzada por la hegemonía parlamentaria, las calles y las protestas pacíficas serán la expresión del respeto a la Democracia y los Derechos Humanos”, se lee en el comunicado del Conade.

El comité cuestiona el sinfín de “acciones desesperadas” por parte del oficialismo para “buscar formas y maneras de ratificar la repostulación de Evo Morales y García Linera, ignorando y pisoteando la voluntad popular expresada en el Referéndum del 21 de febrero del 2016” que les negó la posibilidad de ser nuevamente candidatos.

Asimismo remarca que el proceso democrático boliviano necesita un Tribunal Supremo Electoral “independiente y soberano, que preserve su institucionalidad y dé respuestas adecuadas en el respeto a nuestra Constitución Política del Estado”, ante los cuestionamientos al actual órgano electoral.

El Conade condena la “acción hegemónica parlamentaria” del oficialismo que, aprovechando esta propuesta de ley de Organizaciones Políticas, busca “manipularla para sus propios intereses”, forzando en su diseño “para que ésta permita la habilitación de sus candidatos” Evo Morales y Álvaro García pese a la resistencia del pueblo boliviano.

“Esta actitud dictatorial y autoritaria que no representa en ningún momento la voluntad soberana del pueblo boliviano, tendrá una respuesta eficaz y contundente como fue con el fallido intento de aprobar un Código Penal. Esta norma buscaba, disfrazada de importantes avances en el campo penal, flexibilizar medidas contra la corrupción y malos manejos del Estado que eran parte de ese instrumento legal. La respuesta fue contundente y tuvieron que dar un paso atrás en su consideración”, señala el comunicado.

El Comité también expresa su respaldo a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, “ante los ataques que fueron objeto en éste último tiempo, que no sólo van al desprestigio y la difamación, sino inclusive amenazas”.

/ANF/
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