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El defensor del Pueblo, David Tezanos, solicitó un informe al Comando General de la Policía, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Gobierno, al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas sobre los hechos de violencia en el municipio de La Asunta (Yungas).

Hizo un llamado a la erradicación pacífica de la hoja de coca excedentaria y a la objetividad en la investigación por la muerte del teniente Daynor Sandoval. A su vez, repudió el uso de armas y la muerte de un uniformado.

“Se tenía como antecedente el acuerdo firmado el 18 de abril entre la FTC y cocaleros de La Asunta, con la mediación de la Defensoría, que permitió suspender las medidas de presión en esa zona, cuando se produjeron enfrentamientos. Ya en esa oportunidad se había acordado entrar en diálogo con los nuevos dirigentes que debían elegirse a finales de abril”, dijo el titular de esa instancia.

“Se deplora enfáticamente el uso de cualquier tipo de armas en conflictos sociales; preocupan los reportes oficiales y vídeos sobre utilización de rifles, escopetas, armas automáticas y semiautomáticas por parte de sectores de la población en este conflicto y se llama a los comunarios a prescindir del uso de estas armas, bajo cualquier circunstancia”.

Enfatizó que los miembros de la Policía deben ser responsables del uso reglamentado de la fuerzaen cuanto a necesidad, racionalidad y proporcionalidad (Código de Ética de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley)”, agregó la autoridad.

La autoridad defensorial señaló, respecto a la situación del dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, así como del cocalero Osvaldo Bautista, que corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones bajo el principio de “objetividad”.

Fuente: eldeber.com.bo