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Non Metallic Minerals SA se adjudicó 804 cuadrillas, que equivalen a 20.100 hectáreas del delta de Río Grande del Salar de Uyuni, gracias a la “Ley Valda”, según archivos de La Casa de Moneda.

“¡Reversión, reversión!”, con esa consigna el viernes 18 de junio de 2004, René Navarro, entonces presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), lideró medidas de presión. La exigencia del movimiento era la reversión de las concesiones otorgadas en el Salar de Uyuni a Non Metallic Minerals del potosino David Moscoso Ruiz, asociado de la chilena Quiborax.

14 años después, por viabilizar esa demanda potosina, el expresidente Carlos Mesa, enfrenta un proceso. Para un juicio de responsabilidades en su contra sólo falta la autorización de la Asamblea Legislativa, en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene amplia mayoría.

Ahora, las autoridades potosinas de oposición consideran que, en esa lógica, el expresidente de Comcipo también debería ser sometido a un juicio. Califican de “sospechoso” que René Navarro, hoy concejal del MAS, haya movilizado a Potosí y años después su hermano, ahora ministro de Minería, César Navarro, “termine pagando a Quiborax 42,6 millones de dólares”.

El inicio de la huelga

El 16 de junio del año 2004, tras conocer que el Viceministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental a Non Metallic Minerals, para que siga explotando el Salar de Uyuni, Comcipo resolvió iniciar una “guerra a muerte” contra el gobierno de Mesa, según archivos hemerográficos de La Casa de Moneda.

La decisión de Comcipo se dio un mes antes del referendo del gas, proceso en el que prevaleció la consigna “ni una molécula de gas a Chile” y cuando el gobierno se declaró en estado de emergencia ante una posible convulsión social. Campesinos, dirigidos por Felipe Quispe, El Mallku, extendieron alfombras de piedra en carreteras del altiplano.

Moscoso no sólo fue un ambicioso empresario, sino hasta un aspirante a magistrado de la entonces Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, le fue mejor en el ámbito económico, porque se benefició de una serie de concesiones mineras, con su empresa Río Grande del Sur, que luego pasó a ser Non Metallic Minerals SA.

Se adjudicó un total de 804 cuadrillas, que equivalen a 20.100 hectáreas del delta de Río Grande, gracias a la Ley 1854 –conocida como “Ley Valda”, porque fue impulsada por el senador Gonzalo Valda–, que dejó a esa zona rica en ulexita, litio, boro y otros recursos no metálicos fuera del límite de la reserva fiscal del Salar de Uyuni.

Es en ese contexto que el 18 de junio de 2004 se instalan dos piquetes de huelga de hambre. Comcipo asentó su carpa de ayuno al frente de la Prefectura de Potosí; el diputado Wilson Magne, junto a comunarios de Río Grande, instaló otro piquete en La Paz.

Ese día, el diputado Gonzalo Barrientos, Orlando Careaga y otros cinco de sus colegas lograron que se apruebe una minuta de comunicación en la que pedían al Poder Ejecutivo que “revoque cualquier aprobación o exención de licencia o ficha ambiental” en el salar.

La medida impulsada por los parlamentarios sólo logró una resolución administrativa del Ministerio de Desarrollo Sostenible, que suspendió las actividades de explotación de las empresas Non Metallic Minerals y Copla, se lee en archivos de La Casa de Moneda.


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Tres días después, el 21 de junio, los potosinos masificaron la medida de presión. Navarro convocó a una gran marcha y anunció acciones “radicales si el Gobierno no anula las concesiones mineras y la ficha ambiental otorgadas a las empresas Non Metallic y Copla”.

Navarro aseguró – en entrevista con Página Siete– que el gobierno de Mesa “metió la pata” al entregar a Non Metallic la licencia ambiental. “Está bien, les dieron las concesiones, pero si no tiene la ficha ambiental no puede trabajar. En ese entonces, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la ficha ambiental a Moscoso”, declaró.

El 22 de junio, “Potosí venció”, gracias a la presión social, logró que el gobierno de entonces anulara las licencias ambientales y se comprometiera a revocar las concesiones del Salar de Uyuni. La base de la negociación, para lograr el cometido, fue el daño económico que Non Metallic y Copla causaron al Estado, al no reportar sus exportaciones y evadir impuestos.

Al día siguiente, 23 de junio, el presidente Carlos Mesa promulgó el Decreto Supremo 27589, que revierte las concesiones mineras, ubicadas en el delta de Río Grande, debido al daño ocasionado al Estado.

Otro de los argumentos fue que Non Metallic se negó sistemáticamente a proporcionar información tanto al Servicio de Impuestos Nacionales como a la Aduana Nacional, impidiendo de esta manera las auditorías dispuestas por la Ley 2564, del 9 de diciembre de 2003.

En 2004, el gobierno de Mesa se declaró en estado de emergencia.

La evaluación

El viernes 25 de junio de 2004, el decreto fue analizado en una reunión del concejo consultivo, convocada por Comcipo. En el encuentro estuvo presente el entonces ministro de Trabajo, Luis Fernández, la prefecta de Potosí, Gisela Derpic, y la mayoría de legisladores potosinos.

En aquella oportunidad, René Navarro, en un emotivo discurso, afirmó que recuperar las concesiones del salar fue “un hito histórico” y que esa acción permitiría que Potosí tenga “una gran Comibol de los no metálicos”.

Agregó que Mesa “es el único que se atrevió a recuperar la soberanía nacional sobre los recursos no metálicos, que durante años beneficiaron exclusivamente a la chilena Quiborax, que por comercializar el ácido bórico obtiene ganancias por 12 millones de dólares por año que saca a través de Non Metallic”.

Reproches y defensa

La concejala de Potosí Azucena Fuertes Mamani, afirmó que el Gobierno de Evo Morales “es muy desagradecido, porque Mesa recuperó el Salar de Uyuni, que era explotado por chilenos a través de un palo blanco como Non Metallic, pero ahora le inicia un juicio de responsabilidades”. En esa lógica -dijo- también debían procesar a Navarro, expresidente de Comcipo.

“Navarro, hoy concejal del MAS y hermano del actual ministro de Minería, impulsó una huelga de hambre para que se revierta las concesiones del Salar de Uyuni, pero la coincidencia que vemos es que quien hace revertir es Navarro, pasan los años y quien paga a Quiborax es el hermano de este dirigente cívico, el señor César Navarro. Entonces hay esa incógnita, ahí hubo cosas irregulares”, sostuvo.


El diputado del MAS, Víctor Borda, aseguró que el pedido de procesar a Navarro no tiene respaldo legal, porque el caso contra Mesa es por aplicar la norma de forma errónea.

“A Mesa no se le está procesando por revertir las concesiones, sino por el procedimiento inadecuado de la reversión. El pueblo potosino pidió la reversión porque algunos corruptos lotearon el salar, al aprobar la famosa ‘Ley Valda’, con la que se perdió más de 134 mil hectáreas”, dijo Borda, quien sostuvo que la hermana del entonces senador Gonzalo Valda era secretaria personal de David Moscoso.

Su colega, Barrientos, manifestó que en el caso Quiborax hubo una mala defensa del Estado boliviano, porque al perder el laudo arbitral se generó un daño económico al Estado.

Medios informan sobre decisión del gobierno de entonces.

El ministro Navarro y las negociaciones

El ministro de Minería, César Navarro, admitió, en una anterior oportunidad, que se llegó a un punto de conciliación con la empresa chilena Quiborax por 3 millones de dólares, y que hubo otra negociación en 2015, tras conocerse el laudo arbitral; no obstante ninguna prosperó y Bolivia terminó pagando 42, 6 millones de dólares.

“Hubo conversaciones nuestras, como Gobierno se ha tratado de llegar a acuerdos, pero en la revisión de los documentos” se encontró “documentos irregulares”, explicó Navarro.

Página Siete buscó al ministro para conocer su postura sobre las afirmaciones de la oposición de que su hermano, René Navarro, debía también ser procesado, porque lideró movilizaciones exigiendo la reversión de las concesiones mineras, pero las gestiones no tuvieron éxito.

Página Siete / Beatriz Layme / Potosí
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