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Siete de cada 10 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado están relacionados con el Estado. De los 53 juristas que se inscribieron para ocupar el máximo cargo del Ministerio Público, 38 trabajan o desempeñaron alguna función pública.

Según una revisión que hizo La Razón en la página web de la Contraloría General del Estado, 38 de los aspirantes a Fiscal General del Estado presentaron sus postulaciones a la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



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De la lista, hay varios que trabajan en la Procuraduría General del Estado; el Ministerio de Justicia; la Defensoría del Pueblo; algunas gobernaciones, y el Órgano Judicial, como el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Fausto Juan Lanchipa, y el vocal de esa misma repartición William Alave Laura, quienes no estaban obligados a renunciar a su cargo para postularse, según un último ajuste hecho al reglamento.

En la lista hay varios exfuncionarios, como el exministro de Gobierno Jorge Pérez y los exmagistrados Iván Lima, Gualberto Cusi, Juan Oswaldo Valencia y Wilber Choque. También aparecen los exfiscales Mario Uribe, Éver Veizaga y Gilbert Muñoz.

Para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, el número de postulantes muestra falta de confianza en el proceso; dijo que 25 de ellos tienen algún nivel de relación directa o indirecta con el Gobierno.

“El Gobierno la tiene complicada porque varios de sus compañeros que le hicieron favores en la Fiscalía y Judicatura hoy pretenden pasar esa factura. Finalmente será una competencia entre masistas para ver quién tiene la bendición para lograr esa designación”, afirmó el legislador.

La presidenta de la Comisión, senadora Adriana Salvatierra, invitó a Santamaría a sumarse a esa instancia legislativa y constatar la transparencia del proceso.

Respecto a la denuncia de vinculaciones, señaló que el reglamento de elección establece las causales de inhabilitación.

El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, instó a la oposición a respetar a los postulantes. “No se puede jugar con el nombre de las personas; si tienen una observación concreta y con pruebas, que lo presenten en la etapa de impugnaciones”.

PUNTUACIÓN. Barón acusó a la oposición de “intentar sabotear este proceso” desde el principio; primero, tratando de desincentivar a los aspirantes; y ahora, “manejando nombres”. Sostuvo que si no cumplen los 22 requisitos, no pasarán a la siguiente fase.

De acuerdo con el reglamento, la evaluación curricular tendrá una puntuación de 40 puntos; la escrita 30; y la entrevista otros 30. Entre los requisitos están que los postulantes no tengan militancia política y no hayan sido dirigentes o candidatos en los últimos cinco años. Hasta octubre de este año debe ser elegida la nueva autoridad en reemplazo de Ramiro Guerrero.

Primer postulante, a punto de quedar eliminado

José Romero Sandoval, primer candidato en inscribirse como aspirante a Fiscal, puede quedar fuera del proceso por no cumplir con 20 de los 22 requisitos previstos en la convocatoria.

La Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo empezó ayer a abrir los sobres que contiene la información de los 53 postulantes a Fiscal General del Estado; harán la verificación de todos los documentos en siete días.

La presidenta de la Comisión, Adriana Salvatierra, informó que verán los documentos en presencia de un notario de fe pública. “Esta verificación de requisitos se cruzará con la base de datos de seis instituciones para verificar la documentación, si evidentemente corresponde a lo que están declarando”, explicó a la prensa.

La fase de impugnaciones será entre el 2 y 7 de septiembre. Luego, el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas enviará a tres profesionales para que acompañen en las etapas de evaluación de méritos y el examen escrito.

La Razón / Ibeth Carvajal / La Paz
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