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Los primeros contactos que tomó el entorno del alcalde José María Leyes con los ejecutivos de la empresa Huawei en Bolivia para firmar un contrato por 69 millones de bolivianos para la compra de cámaras del proyecto “Ciudad Segura, Ciudad Inteligente ”, con presunto sobreprecio, comenzaron en la ciudad de México, cinco meses antes de adjudicación.

El viceministro Diego Jiménez explicó que a través de varios documentos se verificó que el exsecretario de finanzas, Diego Moreno,  viajó a un foro de Huawei en México.

Moreno, quien se mantiene prófugo en el proceso por el caso mochilas, viajó acompañado por otros tres funcionarios. De estos dos están implicados en la compra de mochilas y aún se investiga la identidad de un tercero.

Contacto

“En junio de 2016, mucho antes de la firma de contrato, Moreno estuvo en México por varios días, donde entendemos que adelantaron los términos del proceso de contratación”, sostuvo Jiménez.

“Huawei Latin American Safe City Summit” (Cumbre latinoamericana de la ciudad segura de Huawei) fue el evento al que asistió Moreno desde el  6 al 9 de junio de 2016, cinco meses antes de la firma de contrato, el 14 de noviembre.

En el encuentro se expusieron los sistemas inteligentes con los que cuenta Huawei para seguridad y los gastos de este viaje fueron cubiertos por la empresa china con representación en Bolivia.

“Este aspecto es totalmente irregular, porque se supone que para hacer un proceso de contratación por más directo que sea se debe tener precios referenciales, cotizaciones y  todas las opciones posibles que nunca ha habido en este proceso”, comentó Jiménez.

Señaló que a través del acceso a documentación se dieron a conocer todos los indicios sobre los viajes al Ministerio Público y se espera que los hechos puedan ser ampliados a través de la investigación. “Ahora estamos confirmando cada uno de los funcionarios que han sido beneficiados con el viaje a México y cuál fue el objeto de éste”, agregó.

Dubái

Por otro lado, Jiménez explicó que el hecho “más grave” fue el viaje que realizó el alcalde José María Leyes, el exsecretario de Atención al Ciudadano, José Miguel Padilla y las esposas de ambos al“Congreso Mundial de Ciudades Seguras”, en Dubái,  del 23 de abril al 1 de mayo de 2017.

A través de la Resolución Municipal 7487/2017 se aceptó la solicitud de permiso del Alcalde por motivo de viaje.

“No entendemos cómo Huawei paga por las esposas que no son funcionarias, con esto estamos hablando de un viaje de placer y un conflicto de intereses con la propia empresa”, expresó.

El fiscal general Ramiro Guerrero manifestó ayer  ante los medios que se solicitará la detención preventiva de Leyes, porque  “incumplió con las medidas sustitutivas del caso mochilas”. Entre las transgresiones mencionó el video publicado por el Alcalde en el que habla sobre la compra de cámaras, el contacto con la presa y supuesta visita de funcionarios a su domicilio.

El exsecretario Diego Moreno viajó a México acompañado de otros funcionarios, en junio de 2016.

DEMÓCRATAS VEN FIN POLÍTICO

La asambleísta demócrata Lineth Villarroel aseguró que la nueva investigación que se inició por el presunto sobreprecio de cámaras de videovigilancia adquiridas por el municipio sigue un “fin político”.

“Es un proceso que va tener toda la fuerza del MAS como en el primer caso de mochilas y para buscar la detención preventiva del Alcalde e inhabilitarlo para las elecciones”, dijo. El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, descartó un fin político y aseguró una denuncia objetiva.


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COCA EXIGE DETALLE DE LOS TRASPASOS DE RECURSOS

Ante el desvió de fondos de al menos 40 partidas del presupuesto de la Alcaldía de Cochabamba para cubrir el pago de las cámaras y otros equipos del proyecto Ciudad Segura, el concejal Carlos Coca (Demócrata) anunció que solicitó que el presidente del legislativo, Iván Tellería, pida un informe.

El proyecto requirió una inversión de 112 millones de bolivianos que no estaban presupuestados en el POA de 2016, más de 60 se destinaron a pagar a Huawei.

“Se ha  pedido que se me remitan copias de las disposiciones legales  y todos los traspasos interinstitucionales  que se realizaron para ejecutar  el proyecto”, apuntó.

Coca enfatizó que al afectarse los 40 ítems entre los que están salud, deporte, publicidad, equipos, entre otros, se deberá realizar “una reingeniería presupuestaria”.

“Se van a tener que ver otras fuentes para subsanar los vacíos”, señaló.

Además, Coca solicitó  una fotocopia legalizada de la conformación de la comisión de calificación a cargo del proceso de contratación con la empresa Huawei que dotó los equipos de videovigilancia, las notas de invitación enviadas por la secretaria de Seguridad Ciudadana, Velka Krellac, la  justificación del precio referencial y un informe sobre las acciones que tomó el municipio para garantizar el registro del POA.

Antes, el nuevo secretario de Finanzas, César Romero, señaló que el  proyecto no tenía el presupuesto suficiente en 2016, por lo que las anteriores autoridades hicieron un mal uso de la Ley Municipal 109. La afectación de partidas se realizó en tres sesiones en menos de 24 horas.