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El fiscal Emiliano Arias, el principal investigador del país de los casos de abusos sexuales contra menores cometidos por miembros de la Iglesia católica chilena, ordenó este jueves un allanamiento simultáneo en los obispados de cuatro ciudades del país sudamericano. En conjunto con la policía, Arias lideró incautaciones en las oficinas de la institución en el puerto de Valparaíso y Chillán, Concepción y Osorno (sur). Con estas nuevas diligencias, el fiscal completa siete allanamientos en los últimos tres meses, que se suman a los llevados a cabo por otros persecutores.

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El Ministerio Fiscal prefiere incautar los documentos sin previo aviso y no solicitarlos porque teme que los sacerdotes destruyan antecedentes valiosos para alguna de las 119 causas abiertas en contra de miembros del clero. “Sabemos que hubo religiosos que destruyeron evidencias sobre abusos sexuales en Chile”, señaló en julio Emiliano Arias en una entrevista con EL PAÍS.

En los allanamientos de este jueves, el fiscal recogió información sobre casos de abusos sexuales contra menores entre el año 2000 y la actualidad. El Ministerio Público está convencido de que los sacerdotes no denunciaban a la Justicia cuando tenían conocimiento de este tipo de delitos, de ahí que busque todos los documentos que puedan ayudar a abrir nuevos casos o a robustecer los que se investigan. La Fiscalía también sostiene la Iglesia no daba la atención adecuada a los menores víctimas de abusos, no les creía, no daba curso a las investigaciones y no cumplía la obligación de enviar las denuncias a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano.

2018 es un año negro para la institución religiosa en Chile, sometida a una histórica limpia tras la visita del Papa en enero pasado. Su máximo líder, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, está imputado por encubrimiento de abusos sexuales a menores y pese a haber cumplido la edad de retiro y de haberle entregado la renuncia al Papa, como lo tuvieron que hacer todos los obispos del episcopado chileno en medio de la crisis, Francisco aún no lo ha reemplazado. Su situación es de tal complejidad que no oficiará el Te Deum ecuménico que se celebra cada 18 de septiembre con motivo de la fiesta patria chilena.

Arias tiene en sus manos una pieza importante: el caso de Óscar Muñoz, arrestado por estupro y abuso sexual reiterado contra menores. Hasta principios de año era el canciller de la Iglesia y, por lo tanto, parte de la jerarquía. En el ejercicio de ese cargo tenía el deber de interrogar a los niños abusados y resguardar los archivos secretos del Arzobispado de Santiago, donde están todas las investigaciones canónicas. Solo dos personas tenían llaves de ese lugar: Ezzati y Muñoz. El fiscal sospecha que se trata de un eslabón crucial para comprobar la cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia católica chilena que ha posibilitado la comisión de delitos al interior de la organización. Este camino le lleva directamente a los obispos que serían los garantes de la protección de los menores.

Siete de los 167 imputados en el caso son obispos; 96 son sacerdotes; cuatro, diáconos; 30, religiosos no sacerdotes; 10, laicos ligados a la Iglesia y otros 20 tienen vínculos todavía no precisados con el clero. De las 178 víctimas, al menos 79 eran menores o adolescentes al momento de los delitos y 15 eran adultos, aunque en otros 84 casos todavía no se ha podido saber con certeza la edad que tenían en el momento en el que se produjeron los abusos.

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